Un Estado dentro del Estado

Poco o nada le importa la vida privada y amorosa de Juan Carlos I a OKDIARIO. Así lo dijimos cuando publicamos la exclusiva sobre la utilización de los fondos reservados por parte del CESID para comprar el silencio de la amante real Bárbara Rey. Una postura que reiteramos ahora que ofrecemos a todos nuestros lectores la grabación que los servicios secretos españoles le hicieron al anterior jefe del Estado. En ella, el Rey emérito confiesa su amor por la mallorquina Marta Gayá: «Nunca he sido tan feliz». No obstante, lo que sí nos interesa, y es principio inexcusable desde nuestra fundación, es descubrir la verdad que hay tras la aparente realidad. Especialmente cuando ésta afecta al interés general y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Si en el caso de Bárbara Rey denunciábamos la utilización del dinero de todos los españoles para tapar el asunto, ahora ponemos negro sobre blanco la existencia de un Estado dentro del propio Estado que utilizaba los mecanismos institucionales para espiar a discreción. El escándalo por las escuchas ilegales del CESID —antiguo CNI— le costó el cargo al vicepresidente socialista Narcís Serra, al ministro de Defensa, Julián García Vargas, y al director de los servicios secretos de entonces, Emilio Alonso Manglano. Una crisis que dejó en el país una sensación de impunidad al respecto de nuestros espías. Aquellas escuchas afectaban a políticos, diplomáticos, empresarios, periodistas y al propio Rey, como pone de manifiesto esta grabación inédita de finales de 1990.

El prestigio profesional y la condición de militar del actual director del CNI, Félix Sanz Roldán, nos quiere hacer pensar que este tipo de prácticas han quedado eliminadas en nuestro país, olvidadas en el pasado de su historia. Los servicios de inteligencia tienen asuntos muy importantes de los que preocuparse —radicalismo independentista, terrorismo islámico o amenazas cibernéticas— como para andar con este tipo de actividades que pervierten los principios fundamentales de la democracia. Una tentación ignominiosa que, por otra parte, alguna vez han tenido todos los Estados. Basta con recordar el caso de John Edgar Hoover. El que fuera director del FBI puso en manos del macarthismo todos los mecanismos de los que disponía para perseguir y acosar a disidentes y activistas políticos. He ahí el peligro de un uso irresponsable e interesado del espionaje. Ya sean grabaciones al jefe del Estado o a cualquier otra persona, los servicios secretos no deben estar para imponer ese «Gran Hermano» que vaticinó George Orwell en su obra ‘1984’, sino para velar por la seguridad de todos.