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Economía
Ley de Alquileres

Palo a los propietarios con la Ley de Alquileres: no vas a poder hacer nada para evitarlo

El mercado inmobiliario es sin duda, uno de los temas más preocupantes en España. Son pocas las viviendas que se ponen de alquiler (o a la venta), para la mucha demanda que existe, especialmente de personas jóvenes que desean independizarse, pero no sólo. También familias que de repente y tras años viviendo en el mismo sitio de alquiler, tienen que cambiar de piso o casa porque se les acaba el contrato y las nuevas subidas son algo imposible de asumir. Y es que los precios están también por las nubes, por lo que la Ley de Alquileres ya dispone de reformas que de alguna manera, permitan frenar algunas de las situaciones que se dan, y es entonces cuando afectan directamente a los propietarios.

Pero las cifras están ahí y lo cierto es que son bastante claras. El Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que el año pasado un 20,4% de los hogares eran gente que vivía de alquiler, una cifra que crece año tras año. En lugares como Baleares, Cataluña o Madrid, la proporción es todavía mayor y supera el 27%. Pero no es sólo que suba este porcentaje, sino que es más que evidente el impacto que sigue teniendo el alquiler turístico, que en los últimos años ha tensionado todavía más la poca oferta disponible y ha provocado que los precios suban hasta niveles que muchas familias no pueden asumir. Por ello, el Gobierno introdujo hace meses una reforma legal dentro de su Ley de Alquileres. Una normativa que, según sus defensores, busca dar estabilidad a los inquilinos, pero que muchos propietarios perciben como un auténtico golpe a su derecho de disponer de sus viviendas.

Palo a los propietarios con la Ley de Alquileres

El cambio que más se comenta, porque es el que más afecta a los propietarios, es el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. que tiene que ver con la duración del contrato de alquiler. A partir de ahora, y para cualquier vivienda que se firme de alquiler desde marzo de 2009, existirá una prórroga que será automática en el caso de que el inquilino cumpla con las condiciones firmadas y pague todos los meses el alquiler. El mínimo de tiempo para los nuevos contratos será de 5 años para personas físicas y de 7 años para una empresa o persona jurídica.

Pero la cruz de la moneda, es que los propietarios se ven entonces atados de pies y manos, ya que deben esperar a que pase ese tiempo para recuperar su vivienda, ya sea porque la quiere vender, o le quiere subir el alquiler. Mientras el inquilino pague y cumpla con lo pactado, nada de eso será posible hasta que pasen al menos 5 años.

Mayor estabilidad para el inquilino

Desde el Ministerio de Vivienda se defiende que gracias a la reforma, las familias ya no tienen que estar sufriendo cada año por saber si se les renueva o no el alquiler. En algunos casos, sí que se había llegado a estas situaciones, con gente que firmaba contratos de alquiler de año en año, o de dos años, con el miedo de no verse renovados. Ahora por fin pueden saber que durante 5 años, si cumplen lo firmado, no les van a poder echar.

Desde la Federación de Asociaciones de Inquilinos y Usuarios se aplaude el cambio ya que «protege a quienes más lo necesitan y garantiza un hogar estable», pero también está el lado afectado: el de los propietarios. Asociaciones como ASVAL advierten que esta rigidez desincentivará el alquiler tradicional, y puede llevar a que la oferta caiga con propietarios que retiran sus casas del mercado o las pasan directamente, al turístico.

El riesgo de una oferta cada vez más reducida

El gran temor de los expertos inmobiliarios es precisamente el que acabamos de mencionar: que la oferta siga menguando y, como consecuencia, los precios terminen subiendo aún más. Consultoras como Idealista ya han advertido que «menos pisos disponibles acaban disparando las rentas y dañando al mercado en general».

De este modo parece que se crea un círculo vicioso en el que la ley busca proteger al inquilino, pero al mismo tiempo podría reducir la oferta de viviendas en alquiler tradicional. Y con menos opciones disponibles, encontrar un hogar estable en ciudades como Madrid, Barcelona o Palma se volverá todavía más complicado.

¿Qué pueden hacer los propietarios?

La realidad es dura: poco o nada. Más allá de confiar en que el inquilino no cumpla con las condiciones del contrato, el margen de maniobra es prácticamente inexistente. Los contratos seguirán vigentes hasta los cinco o siete años, y durante ese tiempo la vivienda quedará congelada en manos del arrendatario.

Ante esta situación, algunos propietarios ya estudian alternativas como las mencionadas: pasar sus viviendas al alquiler de temporada, destinarlas a usos turísticos o incluso sacarlas del mercado hasta que las condiciones cambien. Sin embargo, ninguna de estas salidas está libre de trabas, ya que también existen limitaciones autonómicas y municipales sobre este tipo de alquileres.

Lo cierto es que la nueva Ley de Alquileres se convierte en algo que divide a ambos lados todavía más. Mientras los inquilinos respiran aliviados, los propietarios sienten que han recibido un palo que no pueden esquivar. Y con un mercado ya de por sí tensionado, el tiempo dirá si estas medidas logran equilibrar la balanza o si, por el contrario, terminan agravando la crisis de la vivienda en España.