España: un patio de monipodio, un presidio abierto

Por dos veces que recordaran los cronistas de la época, el general O’Donnell, un bizarro militar que gozó de los favores de la Reina Isabel II pero también de sus desprecios, pronunció en el Parlamento nacional una frase brutal que aún se rememora, como hace ahora este cronista: «España es un presidio abierto». Reflejaba un estado de cosas caótico, una corrupción que llegaba a los estamentos más pobres, unos enfrentamientos que podían terminar, como terminaban a veces, a tiros, una división nacional sin reparo, y una falta de respuesta de la escasa sociedad que podía asentarse por los diferentes territorios de España.

O’Donnell era un atroz pesimista, revestido siempre de una desesperanza política indisimulable, que no sólo atribuía los males sistémicos a la caprichosa Reina borbona, sino al conjunto del pueblo español. El estado de desolación era la nota característica de aquel tiempo que, por lo demás, ya se sabe históricamente como terminó, en guerras y más guerras. Han pasado no menos de 150 años, y la situación del país se asemeja a la denuncia del esquilmado general. Entonces las prisiones tenían las puertas más abiertas que en la actualidad pero no es imposible que, en muy breve plazo, las nuevas cárceles se llenen de personajes de todo jaez, por ejemplo de los canallas que se han forrado con la tremenda tragedia de la Covid 19.

Hace unos días, una altísima jerarquía judicial reconocía que nunca como ahora el gran poder que confiere seguridad al Estado, la Justicia, ha estado tan desprestigiada, tan colapsada, tan dividida, «tan hecha añicos» (frase textual) como en este momento, Coincidía en su diagnóstico sectorial con otro similar, pero más genérico, que suele realizar un antiguo ministro de la Transición: «Ya no hay -afirma sin tapujos- otra autoridad en el país que el capricho de un individuo sin contención».

Sólo le ocupan los siete votos famosos que le otorgan su sillón de La Moncloa. Para mayor adición está por ver hasta donde llega el gran escándalo de la corrupción sanitaria. El jerarca judicial referido no se cansa de atisbar una causa penal muy generalizada que llegue hasta el Tribunal Supremo. Ya nadie se llama a engaño: hay a estas alturas una certeza extendida de que la impudicia con que se gestó la compra de material protector contra el maldito virus, puede afectar a la entraña misma del Estado, o sea, al Consejo de Ministros. Dice de nuevo el personaje que, si al Supremo llega una exposición razonada de los posibles delitos en que haya incurrido un gobernante, el Tribunal no mirará a otro lado: caminará hasta el fin en un proceso que, este sí, puede acabar con la primogenitura obscena de Pedro Sánchez.

Aún, estando acorde con el retrato de esta justicia horadada que fotografía nuestro interlocutor, todavía mucha parte del país confían/confiamos en que ella nos salve de tanto deshonor. Sin embargo, los síntomas no pueden ser peores. Lo que conocemos del Tribunal Constitucional es afrentoso. Hay conocimiento exacto de que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, se ha jugado toda su trayectoria profesional, cuajada de unos elogios indudables por ser un buen jurista, para convertirse en amanuense de un sujeto abyecto al que le ha escrito nada menos que el prefacio de la Ley de Amnistía aprobada en el Parlamento este jueves.

Pumpido ni siquiera se habla -se habla- con alguno de los componentes de su grupo presuntamente progresista que no traga con la presumible sentencia de constitucionalidad que va a revestir el bodrio parido por Sánchez, Bolaños y Puigdemont, no hablamos de Santos Cerdán porque este es un simple mozo de cuadra al servicio del señorito que monta el alazán que ha hurtado a España.

La situación es tan dantesca que el Supremo desdeñará, si llega el caso, la posibilidad de recurrir a la instancia constitucional para presentar allí una cuestión que no en otras circunstancias sería  imprescindible. El Supremo volará por encima de Pumpido, por Europa, en la constancia de que éste, al que resta sólo uno a cuatro meses para dejar su asiento, tiene la necesidad de contar con el felón Sánchez para prolongar su estancia y seguir sentado en su poltrona.

Este es un país ahora mismo atosigado por elecciones varias, cinco o seis en un solo año, que ha convertido a los terroristas en señoras afables de compañía, y que deja, sin levantarse en movilizaciones dirías, que siete sujetos/as impresentables chantajeen al Estado conduciéndole directamente a la demolición por lisis. Encima, muy poca confianza podemos acopiar los españoles de que Europa nos vaya a salvar los muebles. Se trata de Europa, un lobby al que los asuntos de España interesa menos que lo que pueda importar a la histérica portavoz de Junts, una tal Nogueras.

Por lo pronto, hay que avanzar que en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo nos vamos a llevar, según preconiza al tantas veces citado confesor en esta crónica, un zurriagazo de los que marcan época. Esa institución es un conglomerado de políticos retirados que obedecen más a su marca de procedencia que al rigor del análisis jurídico. El otro Tribunal, el de Justicia, puede tardar seis años en darnos la razón contra los secesionistas, o sea que ad calendas graecas.

Es cierto: en este 2024, del que ya llevamos recorrido un buen trecho, aún España no es, como denunciaba O’Donnell a mediados del XIX, un presidio abierto; es, sencillamente, un Estado fallido en el que la democracia ya no importa. Traga el país con que una vicepresidenta del Gobierno anuncie una pena fiscal contra un contribuyente antes de que, incluso éste sepa de qué se le acusa realmente. Un desvarío caribeño. Pasa esto o que estas sean las horas en que a un antiguo ministro conchabado con el régimen asesino de Maduro, no se le pide responsabilidad política alguna, mezclado como este, sin ir más lejos con el Ministerio de Exteriores.

España no es todavía un presidio abierto, es un patio de monipodio que reúne a maleantes de toda condición, algunos de los cuales pretenden seguir gobernándonos. Y al frente de todo este instalache de basura el causante de todos los males nacionales: el individuo sin principios que atiende por Pedro Sánchez Pérez-Castejón.