Entérate Marlaska: el problema son los violadores y no la Policía

Marlaska violadores

Resulta surrealista que un Gobierno que aprobó una ley que ha beneficiado ya a 1.127 violadores, pederastas y abusadores sexuales -que han visto reducidas sus penas o han sido puestos directamente en libertad- haya decidido ahora poner en el punto de mira a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comprando así el discurso de Irene Montero cuando asegura que las mujeres no denuncian las agresiones sexuales por temor a no ser creídas o atendidas por la Policía.

El Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska ha lanzado un plan para «prevenir» las violencias sexuales que, entre otras medidas, apunta a los agentes, presumiendo un comportamiento inadecuado. Así se propone «impulsar mecanismos y estudios de evaluación de la satisfacción de víctimas sobre el trato y la información recibida por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» y se pone el acento en la necesidad de «formación» de los agentes y otros funcionarios implicados en la atención a las víctimas, planteando, entre otras medidas, un fomento de los «conocimientos» y «habilidades» que «les permitan dar una respuesta precoz, eficaz y empática a todas las formas de violencia sexual, diferenciando a sus potenciales víctimas, victimarios y contextos donde se produce la violencia».

No hay que ser muy sagaz para concluir que Marlaska ha decidido comprar la mercancía averiada de Irene Montero y estigmatizado de un plumazo a la Policía, como si su actuación fuera una amenaza potencial para las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Es el mundo al revés: los violadores frotándose las manos por las bondades de una ley que se ha convertido en su mejor aliada y la Policía en tela de juicio, sometida a la desconfianza de un Gobierno que no está, precisamente, para dar lecciones. Lo que pasa en España no pasa en ninguna parte del mundo: la Policía detiene a los agresores sexuales, los jueces los mandan a la cárcel, el Ejecutivo de Sánchez les rebaja las penas o les pone en la calle y el Ejecutivo de Sánchez carga contra la Policía y los jueces.

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