Por encima de nuestro cadáver: esto no es China ni Venezuela

La ley actual garantiza -faltaría más- el derecho de las personas o empresas a solicitar que se corrija una información ofrecida en un periódico, televisión o radio, si entienden que ésta no es cierta o no refleja con exactitud los hechos. Está es la clave: la rectificación solicitada tiene que «limitarse a los hechos de la información» que se reclama enmendar, pero nunca incorporar opiniones o interpretaciones. Así ha sido siempre, hasta que ha llegado Pedro Sánchez. ¿Y cómo?, se preguntarán ustedes. Pues metiéndole una morcilla a la norma que prepara el Gobierno y que prevé que el derecho a la rectificación incorpore opiniones o valoraciones -las suyas, claro- cuando «resulten imprescindibles para entender el contexto».

La medida se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia que ideó Pedro Sánchez cuando se tomó aquellos días de reflexión anunciados en esa carta a la ciudadanía que fue una grimosa exhibición de cursilería. El Plan de Acción no es otra cosa que un intento de silenciar a los medios críticos con el Gobierno entre los que se encuentra en lugar destacado, a mucha honra, OKDIARIO. El Ejecutivo utiliza como pretexto el argumento de que busca «mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados».

Cualquier medio de comunicación que publique una información falsa se enfrenta, como no podía ser de otra manera, a una condena judicial, pero son los jueces y no el Gobierno de turno quienes en un Estado de Derecho deciden si lo publicado por un medio vulnera el Código Penal. Y si un medio se equivoca, rectifica.

Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez ha enmendado el articulado de la Ley Orgánica de 1984, reguladora del derecho de rectificación, para permitir que se incluyan sus «opiniones o valoraciones» en los escritos que tendrán que publicar los medios. Por encima de nuestro cadáver: esto no es China ni Venezuela.