La electricidad no es un lujo

Las temperaturas bajan y las facturas eléctricas de hogares y empresas se disparan. Un contraste devastador para ciudadanos y empresarios que en pleno invierno se encuentran con la disyuntiva de tener que descuidar sus necesidades energéticas básicas o abrir de par en par el monedero… los que puedan permitírselo, claro. La sociedad española está inmersa en plena carrera por asentar definitivamente la recuperación económica. Para ello, resulta fundamental que el Gobierno contribuya de manera efectiva a moderar el coste de la vida. Especialmente en un sector tan regulado como el energético. Estos recursos deberían considerarse como un bien de primera necesidad al igual que ocurre con los alimentos o las medicinas. El Ejecutivo ha de aplicar un IVA superreducido del 4%, medida que permitiría rebajar el montante del recibido en un 14%.

Esa bajada aliviaría la carga que soportan tanto los particulares como las compañías. Una situación que, a pesar del excesivo gravamen actual, ha mejorado desde que Mariano Rajoy eliminara las subvenciones de Zapatero a las renovables. No obstante, ese IVA reducido aumentaría considerablemente el bienestar de los ciudadanos y apuntalaría nuestra competitividad. Ambos factores son esenciales para mantenernos a la vanguardia del crecimiento económico en la Unión Europea. El problema es que el Ejecutivo del Partido Popular es ahora mismo rehén de su propia minoría parlamentaria. De ahí que regule el sector energético con criterios más políticos que económicos. Tanto es así que en esta cuestión específica su gestión se acerca más al programa electoral de PSOE o Podemos que al suyo propio.

No obstante, hay que reconocer que el contexto actual es complicado. El ministro Álvaro Nadal es un hombre de reconocida eficacia pero el ámbito energético cuenta con un importante peso en la recaudación estatal. España necesita cumplir con el objetivo del déficit pactado con Europa y pasar del 4,6% al 3,1%, lo que supone un recorte que estriba entre los 15.000 y los 17.000 millones de euros. Una realidad que tampoco puede convertirse en una excusa propiciatoria para descargar todo el peso de la responsabilidad sobre las eléctricas a través de decreto ley. Hay demasiadas familias que no pueden pagarse la luz y el componente fiscal y otros costes pertenecientes a la excesiva regulación inciden en más de un 50% en el importe final de la factura. Por tanto, el Gobierno tiene la mayor parte de responsabilidad. Desgraciadamente, este tema tiene un diagnóstico claro pero una solución práctica muy complicada. Al final, como siempre, los ciudadanos son los grandes perjudicados. En plena ola de frío polar, o bien se congelan los cuerpos o bien los bolsillos.