El dinero de la UE tampoco crece en los árboles

Durante estos viernes 17 y sábado 18 de julio se está celebrando la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo sobre el reparto del fondo europeo, en parte no reembolsable, cuyo primer planteamiento se hizo en junio, pero que, dado el desacuerdo existente sobre sus características finales, su debate se pospuso hasta esta cumbre.

El presidente Sánchez inició días antes una ronda visitando a diferentes dirigentes de la Unión Europea (UE) para tratar de convencerlos para que tanto los fondos no reembolsables (subvenciones), como la parte de préstamos blandos con amplios períodos de carencia, no conllevase el establecimiento de una serie de condiciones para España, en el sentido de que no fuese obligado el Gobierno español a realizar una serie de reformas estructurales, de ajuste de gasto y de saneamiento de las finanzas públicas.

Dicho fondo es por un importe de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 millones tendrán la forma de transferencias no reembolsables, es decir, subvenciones a fondo perdido, y 250.000 serán préstamos que los Estados tendrán que devolver, con carencia de principal hasta 2028, a pagar en un máximo de treinta años. La movilización de estos recursos financieros se nutrirá del presupuesto de la UE en el período 2021-2027, dotado con 1,1 billones de euros. Para financiar dicho fondo, la Comisión emitirá deuda en el mercado directamente, con la calidad crediticia de la UE (AAA), y ampliará su techo de recursos propios, para que no sea necesaria una elevación de la aportación de los países.

De ser aprobado definitivamente, España será el segundo país que más fondos brutos recibirá, pues le asignan 77.324 millones a fondo perdido y la concesión de préstamos por valor de 63.122 millones de euros. Ahora bien, hay dos matices importantes: una cosa es que se eleve el techo de recursos para no tener que elevar más las aportaciones y otra que los países no realicen dichas aportaciones al presupuesto, de manera que de esos 140.446 millones que le corresponderían a España en caso de salir adelante la propuesta de manera definitiva, tras las contribuciones españolas a los distintos organismos, resultará un saldo neto de entre unos 30.000 millones y 35.000 millones de euros.

Ahora bien, y aquí es donde tenemos que detenernos para recordar bien el origen de estos fondos: como hemos dicho, se nutren del presupuesto europeo, es decir, de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes europeos. Ahora mismo, se ha entrado en una batalla en la que se enfrentan posiciones holandesas, austriacas, danesas y suecas, por un lado, y por el otro, francesas, italianas y españolas, donde el primer grupo reclama que se establezcan condiciones a los países que empleen esos fondos, y el segundo grupo no quiere condición alguna, especialmente el Gobierno español. Sin embargo, se está desviando la atención: hablamos de la existencia o no de condiciones como si dichos fondos fuesen un maná llegado del cielo, como si no nos costase nada a los ciudadanos, como si fuese un dinero que le regalan a la UE y que ésta reparte entre sus miembros.

Nada de eso: el dinero de la UE, todo, es dinero público, que se nutre de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Se manejan cifras y se reclama un incremento de las mismas como si el dinero fuese gratis, y no hay nada gratis, sino que es dinero que, con mucho esfuerzo, han aportado todos los ciudadanos de la UE.  Por tanto, no se puede malgastar, como no se puede malgastar ningún céntimo de dinero público, que es lo que son estos fondos. Por ello, es imprescindible que se lleve un control no sólo sobre España, sino sobre todos los países que reciban dichos fondos, porque será un control positivo para todos los ciudadanos de la UE, que con nuestro esfuerzo y trabajo sufragamos no sólo la cobertura financiera de las políticas económicas nacionales, sino también las de la UE, como ésta. Los contribuyentes merecen que se vigile y controle que no se dilapida el dinero aportado con su sacrificio.

Por tanto, no se puede no imponer ningún control y dejar que el dinero se malgaste, se despilfarre o se convierta en estructural con la excusa de que la crisis del coronavirus lo hace necesario. No se necesita más gasto, sino un gasto más eficientemente gestionado. Es obvio que tiene que haber un nivel de gasto adecuado para poder proveer los servicios esenciales y básicos, desde luego, pero lo que no puede es incrementarse el gasto de manera exponencial en muchos temas no esenciales, porque eso hay que pagarlo, y el dinero no crece en los árboles, ni en cada uno de los países ni en la UE; el dinero público es de los contribuyentes, y se financia o con más impuestos, o con más deuda (que es un impuesto diferido) o con inflación (que es una forma de impuesto regresivo). Es decir, al fin y al cabo, todo con impuestos. Los impuestos frenan la actividad económica y el empleo y, con ello, la prosperidad. Por ello, es esencial que los ciudadanos sean conscientes de que nada es gratis y que cuando un político les prometa una actuación de incremento de gasto, piensen en que, paralelamente conllevará un aumento de impuestos, sea en su país o venga de la Comisión Europea, porque, al final, el dinero sale del mismo sitio, que no es otro que el bolsillo de todos y cada uno de los contribuyentes.