Cuando la Justicia se usa para acabar con un hombre inocente

Pedro Antonio Sánchez, el ex presidente de Murcia, cayó en desgracia política cuando los tribunales lo acusaron de prevaricación y falsedad en la contratación del llamado caso Pasarela. Este jueves, más de un año y medio después de ser ajusticiado civilmente y obligado a desaparecer de la vida  pública, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto al ex dirigente popular y ha sacado los colores al juez instructor de la causa al considerar que se ha perpetrado un perjuicio a los acusados.

La sentencia del juez, que no ha escatimado en reproches basados en la legislación vigente, ha sido demoledora: “No hay excusa ni disculpa para lo ocurrido en este caso” porque “hubo una indolencia en la instrucción”, una acción atribuible, según el escrito, “a la administración de justicia”. Dicho en román paladino, y a tenor de la sentencia, la Justicia ha actuado con lentitud y falta de criterio al reabrir una investigación que ya había sido archivada. Una causa en la que, por cierto, Podemos y PSOE –que tiene 9 ministros sumidos en diferentes escándalos– constaban como acusaciones particulares pidiendo prisión, multa e inhabilitación para el ex presidente.

Sánchez se resistió alrededor de 45 días a dimitir, no cedió a las presiones de socialistas y podemitas, sabedor de su inocencia. Un tándem que en abril de 2017 preparó al murciano una moción de censura en el Parlamento autonómico que, a todas luces iba a perder porque no contaba con el apoyo de Ciudadanos y el PP no dudó en sacrificarlo. También fue sacrificada la senadora popular Pilar Barreiro a la que la Justicia también ha absuelto, por cierto. Dos políticos vilipendiados por sus rivales políticos y denostados por sus propios compañeros de partido. Una Justicia que no ha hecho su trabajo, en referencia al juez instructor, y que propició la ejecución civil de dos personas con la complicidad de la oposición. ¿Quién restituye ahora el honor de Sánchez y Barreiro? ¿Saldrán PSOE y Podemos a disculparse con ellos tras haber usado los plazos de la Justicia para fines partidistas?

El derecho a la presunción de inocencia de Pedro Antonio Sánchez se esfumó en el momento en el que la oposición pidió al PP que lo fulminara. Ahora, tras la absolución del ex presidente murciano, se reabre el debate sobre cuándo debe dimitir un dirigente político sobre el que pende la espada de Damocles de la corrupción. ¿Con la imputación o con la condena?