Los criterios políticos del Gobierno contra AstraZeneca

El Gobierno de la nación llevó hace semanas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la ministra de Sanidad, la suspensión de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca para menores de 60 años. Lo hizo sin ningún criterio ni técnico ni científico, sólo político, que es el que desde hace más de un año impera en todo este desastre que estamos viviendo. Entonces, sólo Madrid se opuso a este auténtico despropósito que se planteó el miércoles por la noche, insistiendo en que no había ningún argumento médico para suspender la vacunación en dicho grupo de edad.

Anteriormente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dejó claro, una vez más, que los beneficios de la vacunación son muy superiores a los riesgos, y que la posible relación de casos en los que han aparecido trombos es algo muy residual y raro, un riesgo mínimo, pero al ministerio le dio igual entonces y le vuelve a dar igual ahora.

El Gobierno decidió suspenderla por criterios políticos, que no técnicos, pues los especialistas dicen lo contrario. Así, nuevamente la EMA volvió a decir hace unos días que había que seguir suministrando AstraZeneca para cualquier edad, pues los beneficios son muy superiores a los riesgos, y que, especialmente, había que inyectar la segunda dosis a quienes hubiesen recibido la primera, pues no hay evidencias empíricas que indiquen que se puede suministrar una segunda dosis con otra vacuna.

Sin embargo, el Gobierno de la nación sigue erre que erre con su propuesta, y ahora decide ampliar el espacio entre las dos dosis de AstraZeneca a los menores de sesenta años que hayan recibido la primera a dieciséis semanas, cuando las indicaciones de la propia vacuna dejan claro que la segunda dosis -de refuerzo o recuerdo- ha de administrarse entre diez y doce semanas. ¿Qué criterios soportan la ampliación del plazo a otras cuatro semanas? Los mismos que sustentaron la paralización de la vacunación: criterios políticos, no técnicos, pues estos últimos se han manifestado en contra de ampliar el período. Seis comunidades, con Madrid a la cabeza, se han opuesto a esta decisión de la Comisión de Salud Pública: la citada Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Murcía y País Vasco. Estas comunidades concentran a casi el 60% de la población española (59,2%), pero el ministerio hace oídos sordos a los científicos y a las regiones con mayor población (que son las más afectadas). Sólo una asociación científica respalda al ministerio, frente a otras diecisiete que piden que se les ponga la segunda dosis de AstraZeneca y que se haga en el plazo de entre diez y doce semanas. Y lo más importante, la EMA es quien lo dice también. El Gobierno español no puede sorber y soplar al mismo tiempo. Con su decisión, lo único que provoca es inseguridad y rechazo a la vacunación, cosa que sería desastrosa para España.

Dice el Gobierno que va a esperar a tener listo un estudio del Instituto de Salud Carlos III. Aunque dicho centro goza de gran prestigio, no parece razonable esperar a nada, porque no es lógico aplazar el plazo de la dosis, como dice la EMA; porque dicho estudio va con mucho retraso y ni siquiera con el aplazamiento de cuatro semanas hay evidencias de que vaya a estar listo; y porque emplea sólo a 600 personas, cuando los testeos para las vacunas utilizaron a miles y cuando la mejor evidencia es el bajo nivel de efectos adversos en las ya suministradas como primera dosis: un máximo de 60 trombos entre casi 20 millones de vacunados.

Es decir, suponiendo que hubiese relación causa-efecto, que no es clara, y que nos fuésemos al intervalo alto (sesenta casos de trombos) y nos quedásemos sólo en el número de vacunados con AstraZeneca de 18,7 millones (que será superior), estaríamos hablando de un 0,0003%. Si lo ponemos en formato de casos por cada 100.000 habitantes, para compararlo con la misma escala que la incidencia acumulada de casos de coronavirus, sería de 0,3 casos por cada 100.000 habitantes, que supone algo sumamente raro. Si tomamos el prospecto de cualquier medicamento, los posibles efectos adversos que presenta cada uno, siendo raros, son más superiores que el posible riesgo de trombos con AstraZeneca.

Así, por ejemplo, si leemos el prospecto del Gelocatil, nos encontramos, dentro de efectos adversos raros, con hipotensión en entre 1 y 10 de cada 10.000, que es equivalente a entre 10 y 100 casos por cada 100.000. En el mismo prospecto, como efectos adversos muy raros se encuentra enfermedades del riñón, por ejemplo, en menos de 1 caso por cada 10.000, que es equivalente a 10 casos por cada 100.000.

Si leemos el prospecto de la aspirina, podemos encontrar como efectos poco frecuentes, observados entre 1 y 100 de cada 1.000 personas, que equivale 100 y 10.000 por cada 100.000 personas, trastornos del hígado.

Si ahora comprobamos el prospecto del ibuprofeno, destaca como efecto adverso muy raro, con una incidencia de 1 por cada 10.000 personas, equivalente a 10 por cada 100.000 personas, la posibilidad de que se genere una pancreatitis a quien lo toma, al igual que habla de aumento moderado de riesgo de sufrir un ataque cardiaco.

Todos esos efectos adversos sumamente raros de estos tres medicamentos conocidos y muy empleados por los ciudadanos en su día a día para combatir dolencias comunes, superan, y con mucho, el posible riesgo de trombos -no demostrado- de la vacuna de AstraZeneca, que se queda en un 0,3 casos por cada 100.000 personas vacunadas. ¿Realmente es como para generar este pánico con esta vacuna?

Además, todos los expertos insisten en que los efectos adversos, de haberlos, se dan en la primera dosis, con lo que los dos millones de personas pendientes de recibir la segunda ni siquiera tienen ese mínimo riesgo, salvo algún caso muy esporádico.

Tampoco deja el ministerio que sean estos pacientes quienes decidan voluntariamente si se la quieren poner o no. Todo este planteamiento del ministerio es un despropósito que puede, en primer lugar, causar más muertes, como dice ya algún estudio sobre Italia y Francia a raíz de la paralización de la campaña de vacunación y el posible efecto desincentivador para los ciudadanos a la hora de decidir si se vacunan o no. Y en segundo lugar, porque tiene pinta de que realmente lo que quiere el ministerio es concluir que no hay certeza de la utilidad de una segunda vacuna, pero que ante el riesgo de trombos, no ponen la segunda dosis de AstraZeneca y que los colectivos considerados esenciales quedan completamente inmunizados con la primera, empleando esos dos millones de dosis para vacunar a un millón de personas mayores de sesenta años y así tratar de llegar más rápido a la inmunidad del 70% de la población, ante su desidia en la compra de vacunas. Si quería seguir la estrategia de una única dosis -que es la que realmente inmuniza, pues la segunda es de recuerdo o refuerzo- debería haberlo hecho desde el principio, como el Reino Unido, que fue muy criticado y que lidera la vacunación europea, pero no dar vaivenes, camuflados, además, de criterios técnicos que son sólo políticos, que lo que generan es incertidumbre.

En un análisis económico marginal, está claro que hay que ponérsela, y en un análisis de riesgo sanitario, también, como hemos visto con la proporción del efecto adverso. ¿Qué es mejor, 0,3 casos por cada 100.000 personas o 250 casos de coronavirus -ó 50 casos, me da igual- por cada 100.00 habitantes?

El Gobierno de la nación se equivoca, sigue generando inseguridad, miedo y desconfianza, retrasa la vacunación y perjudica la recuperación económica. Todo ello por criterios estrictamente políticos, no técnicos.