El TC desmonta el recurso-pataleta del Senado y de la Fiscalía de Sánchez

En un intento desesperado para que se pudieran votar en la Cámara Alta las dos enmiendas de reforma de la ley orgánica del CGPJ y del Constitucional que el máximo intérprete de la Carta Magna suspendió de forma cautelar por considerar que el procedimiento era contrario a la norma, el Senado recurrió la resolución del TC sin aportar ningún argumento jurídico de peso, más allá de la retahíla de lugares comunes manejados por la izquierda. Así que el Constitucional ha desoído la pataleta socialcomunista, obligando al Senado a no tramitar dichas enmiendas. Y eso que contó con el inestimable apoyo de la Fiscalía del Gobierno, presta a defender la tesis de que el presidente del TC, Pedro García-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez debían apartarse de la votación. Una maniobra a la desesperada. Al final, nada nuevo. Quienes acusan al TC de anular las garantías constitucionales y silenciar al Parlamento habrá que recordarles que en un Estado de Derecho con separación de poderes tan legítimo es recurrir al TC, como hizo el PP, para que se suspendiera la tramitación de una norma añadida de forma torticera por el Gobierno, como recurrir la resolución del alto tribunal, aunque se hiciera aportando argumentos políticos en lugar de consideraciones jurídicas.

Así que la pataleta de las formaciones de izquierda en el Senado se ha quedado en eso: en un burdo intento de tratar de levantar la suspensión del TC con simples apelaciones carentes de solidez argumental. A estas alturas, apelar a que la resolución del Constitucional no tenía precedentes y que con ella se ha limitado peligrosamente la acción del legislador es la constatación de que la izquierda sigue sin entender que en un Estado de Derecho, con separación de poderes, el Parlamento ha de atenerse, sí o sí, a los cauces y procedimientos legales. Lo otro, que no existieran contrapesos, sería el fin de la democracia. A lo mejor por eso lo que pretende Pedro Sánchez es acabar con la separación de poderes asaltando los órganos constitucionales: para imponer su voluntad retorciendo la ley hasta el extremo de hacer trizas el marco constitucional. Y todo con el apoyo de su Fiscalía.