Una condena al fiscal general que inhabilita políticamente a Pedro Sánchez

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, inhabilitado por dos años por revelación de secretos, es un hecho insólito fruto del insólito y delictivo proceder de Álvaro García Ortiz, el primer responsable del Ministerio Público que viola la ley para favorecer los intereses políticos del Gobierno. A la espera de los argumentos del alto tribunal lo que parece obvio es que la condena se fundamentará en los intensos indicios delictivos derivados del hecho, entre otras circunstancias, de que el fiscal general borró el contenido de sus móviles y dispositivos electrónicos justo cuando conoció que iba a ser investigado.

En un reciente editorial decíamos de forma tajante que el Gobierno iría al choque frontal contra el Supremo si condenaba al fiscal general. Y a eso vamos. No es en absoluto descartable que el Ejecutivo haga cumbre en la ignominia indultando a García Ortiz, pero antes de adelantar acontecimientos convendría detenerse en la figura del presidente del Gobierno, porque nada de lo ocurrido se entendería sin Pedro Sánchez.

Y es que el delito cometido por García Ortiz se produce en interés del Ejecutivo, empeñado en matar políticamente a Isabel Díaz Ayuso a cuenta del presunto fraude fiscal cometido por su pareja, un ciudadano hasta entonces anónimo que fue utilizado como arma arrojadiza contra la presidenta madrileña.

A eso se prestó el fiscal general, que ahora ha sido condenado por el Tribunal Supremo y que arrastrará de por vida el oprobio profesional, aunque Pedro Sánchez salga en su ayuda. La condena al fiscal general lleva adherida, en términos políticos, una condena moral a Pedro Sánchez y su Gobierno, que han quedado retratados y al que no vamos a pedirle que presente su dimisión porque carece del más mínimo sentido de la decencia y la responsabilidad.

Porque todo lo que hizo García Ortiz lo hizo para favorecer los intereses de la persona que le puso en el cargo, incluso pasando por encima de la ley. Ahora, más que nunca, cobra fuerza aquella declaración de Pedro Sánchez: ¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso.