Bruselas hace suyos los argumentos del juez Llarena contra la amnistía

El hecho de que la Comisión Europea haya subrayado en su alegato ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo cuestionable que supone que la Ley de Amnistía fijara un exiguo plazo máximo de dos meses para la aplicación de la norma -en línea con lo argumentado en su día por el juez Llarena- abre ahora de lleno la puerta al juez instructor para llevar ante el TJUE a los líderes del procés que todavía no han sido juzgados o los que, estando condenados e indultados, no se han beneficiado de la medida de gracia.

Llarena entendía que los dos meses de plazo eran insuficientes para abordar una investigación sobre los fondos públicos utilizados por los líderes separatistas. «La sola realización del referéndum que habían prohibido las instituciones españolas competentes afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la Unión Europea, con reflejo directo en los ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión, principalmente los vinculados a la recaudación de IVA y Renta Nacional Bruta, y consecuentemente, a los intereses financieros de la Unión», señalaba el magistrado en un auto que ahora adquiere una nueva dimensión.

La Comisión Europea entiende también que este plazo temporal tan breve «podría impedir» que el Tribunal de Cuentas «pueda llevar a cabo el examen» para comprobar si la malversación afecta los intereses de la Unión Europea y, por tanto, es contraria al derecho comunitario y, en definitiva, ilegal.

Exactamente lo mismo que argumentó Llarena, quien también consideró que la ley no era aplicable al delito de malversación. Según el magistrado, hasta la aplicación de la amnistía no se había analizado si la malversación de fondos afectaba al interés financiero de la Unión Europea. Sin embargo, justificaba que no se había hecho porque ese dato era jurídicamente irrelevante para el objeto del proceso penal que se estaba investigando. En suma, que Bruselas ha reforzado los argumentos del magistrado, lo que significa -sin duda- un paso cualitativo contrario a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.