Acatamos, pero discrepamos: hubo rebelión

Desde el reconocimiento a la profesionalidad de los magistrados de la Sala Penal del Supremo, muy especialmente a la de su presidente, Manuel Marchena, OKDIARIO discrepa de los argumentos  jurídicos que han determinado que los políticos catalanes y dirigentes de asociaciones civiles que pretendieron subvertir el orden constitucional cometieron un delito de sedición y no de rebelión. Los argumentos del Alto Tribunal se fundamentan en dos cuestiones clave: hubo violencia, pero no «instrumental, funcional y preordenada de forma directa» y el eventual propósito de los condenados «era una mera quimera», porque «eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el legítimo derecho a decidir no era sino el  señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano».

El Tribunal Supremo entiende que dado que el Gobierno «mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social», los líderes políticos y asociativos lo que pretendían en realidad era «presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular». O sea, que, según el Supremo, la propia fortaleza del Estado en los niveles legislativo, ejecutivo y judicial hizo inviable la subversión del orden constitucional y, en consecuencia, los acusados no buscaban tanto alcanzar la independencia, sino forzar al Gobierno a aceptar sus pretensiones. Se trata de un  peculiar juicio de valor sobre las intenciones de los cabecillas que ha servido para rebajar considerablemente sus penas. Dicho de otro modo: los acusados se han visto beneficiados de la propia fortaleza del Estado de Derecho, que convirtió sus plan es en una «quimera». Sorprendente.

Desde el respeto a la sentencia, ese argumento parece extremadamente forzado. En realidad, da la sensación de que para no romper el valor de la unanimidad en un fallo crucial como este, los magistrados conservadores que defendían la tesis, con Marchena a la cabeza, de que «hubo conspiración para la rebelión» aceptaron la opinión de los magistrados progresistas -que secundaban la calificación penal de la Abogacía del Estado- para que estos no emitieran votos particulares. Pero conviene recordar que la Abogacía del Estado cambió de opinión forzada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que rebajó la petición de «rebelión a sedición»,  al tiempo que trasladó a cárceles catalanas -asunto clave- a los acusados.

Es clave porque, dado que el Supremo ha rechazado también la petición de la Fiscalía de no aplicar beneficios penitenciarios a los acusados hasta que cumplieran la mitad de la pena, los condenados podrán disfrutar del tercer grado en breve. Pero la política de beneficios penitenciarios depende de la Generalitat de Cataluña. O sea, los mismos que han incumplido la ley y han sido condenados tendrán la última palabra. El presidente del Gobierno aseguró que no habrá indulto para los condenados, pero cuando decidió trasladar a los presos a las prisiones catalanas, en agradecimiento a su apoyo en la investidura, les hizo un regalo impagable.