42 datos personales para Marlaska y García Ortiz

Con la mala excusa de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, Marlaska quiere que cada vez que acampes en un camping, alquiles una moto o te alojes en una casa rural, le tengas que dar 42 datos personales al empresario, quien estará obligado a registrar y custodiar tus datos durante tres años, además de introducirlos en una base de datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, de Marlaska. El IBAN de tu cuenta corriente, la fecha de caducidad de tu tarjeta de crédito, tu parentesco con los otros viajeros, tu dirección de correo electrónico, tus números de teléfono móvil y fijo, además de todos los datos personales que figuran en los DNI de todos los huéspedes, incluyendo el domicilio actual, etc., quedarán registrados en una gran base de datos que ya en su primer día de funcionamiento petó, dejando colgados a todos los pobres empresarios hoteleros que intentaban infructuosamente cumplir con el nuevo engorro administrativo al que el Gobierno socialista los ha sometido.

42 datos personales, sensibles y comprometedores, que quedarán durante tres años archivados en los obsoletos sistemas informáticos del camping más austero y de cualquier casa rural con conexión a Internet a pedales, quienes, bajo amenazas de sanciones, tendrán que confiarlos a un personal sin ninguna formación en ciberseguridad, que manejará antivirus caducados hace dos décadas. Y ese no será el mayor riesgo a que esté sometida toda esta burrada de información personal y confidencial. El Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor establece en su artículo 7, que tendrá acceso a tus datos personales el Ministerio Fiscal, en cuya cúspide se encuentra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por revelación de secretos.

El mismo fiscal general del Estado que está siendo investigado porque, tan presunta como aparentemente, ordenó que le enviaran a un correo privado de Gmail una comunicación confidencial que inmediatamente después de tenerla él la tenía también Moncloa y un instante después aparecía publicada en un medio de comunicación cuya directora fue rápidamente ascendida a Consejera de RTVE, con un sueldo de más de 100.000 euros. Y todo para perjudicar a una rival política del mismo Pedro Sánchez que presume de que la fiscalía depende de él. El imputado fiscal Álvaro García Ortiz va a saber con quién se hospeda cada rival político de Pedro Sánchez. ¡Como para fiarse!

Los ciudadanos libres siempre hemos tenido que renunciar a importantes porciones de nuestra libertad con la excusa de mejorar nuestra seguridad. Nos sometemos a cámaras de seguridad que nos graban por las calles, facilitamos nuestros datos a los agentes de la autoridad que nos los requieren justificadamente o no y renunciamos a nuestros derechos individuales a favor de una seguridad colectiva que se supone que el Estado nos entrega a cambio.

Marlaska quiere hacernos creer que firmó este nuevo decreto liberticida para pillar a los yihadistas cuando den el IBAN de la cuenta corriente de Al Qaeda al registrarse en un hotel; o que los terroristas iraníes que intentaron asesinar a Alejo Vidal-Quadras, dejarían sus huellas en la tarjeta de crédito con la que alquilaron una motocicleta para huir del atentado. ¡No cuela! Este nuevo Gran Hermano socialista no está pensado para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, sino para que el fiscal general del Estado disponga de más información con la que agradar a su jefe.