Las organizaciones ecologistas demandan más mejoras en la regulación de la eólica marina

Las organizaciones ecologistas han valorado positivamente, a través de un comunicado conjunto, el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones de la eólica marina y similares.

La propuesta normativa plantea otorgar de forma simultánea, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, el régimen económico de energías renovables y la reserva de la capacidad de acceso a la red y de la concesión de uso del dominio público-marítimo terrestre.

De esta forma se establecen las reglas del juego que permitirán otorgar simultáneamente, mediante concurso, el régimen económico y la reserva de la capacidad de acceso a la red y de la concesión del dominio público marítimo-terrestre.

Criterios ambientales y sociales

Desde el texto elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), se prevé «la adjudicación podrá incluir criterios como la minimización del impacto ambiental, la creación de empleo e industria local y la compatibilidad de las instalaciones con otros usos del mar».

Atendiendo a la complejidad de los proyectos, el MITECO refleja que «podrá haber un diálogo público-privado adicional para maximizar las externalidades positivas».

Sin embargo, las entidades ambientalistas consideran que el texto actual «se queda lejos de poder garantizar un despliegue de energía renovable marina que sea capaz de asegurar la conservación de nuestros mares y de tener en cuenta a las personas en su desarrollo».

Observaciones al desarrollo

Para impulsar sus criterios, las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado conjuntamente una serie de observaciones al proyecto de Real Decreto.

Previamente a la publicación del borrador de Real Decreto, las organizaciones ecologistas ya presentaron al MITECO «una propuesta pionera para asegurar un marco normativo de la eólica marina, cuyo desarrollo fuera compatible con la naturaleza y beneficioso para las personas», según explican en un comunicado.

Poco peso ambiental

Las organizaciones «lamentan que el borrador de Real Decreto siga dando muy poco peso a los criterios ambientales y sociales en la valoración general de proyectos en las subastas (30 %), e insisten en aumentar el peso de los criterios ambientales hasta el 50 % y los sociales hasta el 25 %».

En este aspecto, señalan en materia ambiental que «España cuenta con una plataforma continental marina excepcionalmente rica en biodiversidad, por lo que es especialmente importante asegurar tanto las mejores ubicaciones como los mejores proyectos para evitar potenciales impactos que, de producirse, podrían hacer fracasar el despliegue de renovables en el mar».

Por este motivo, las organizaciones ecologistas han solicitado a la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera ser incluidas en la mesa de trabajo en la que se negociará con los sectores interesados la implantación de la eólica marina en España y, en especial, las localizaciones de los parques.

Proteger el espacio marino

Para continuar protegiendo social y ambientalmente los territorios, las organizaciones solicitan un proceso respetuoso y destacan «la urgencia de lograr la neutralidad climática en la UE y en España no más tarde del año 2040, así como de cumplir con el compromiso de proteger al menos el 30 % del espacio marino para el año 2030».

En este sentido, las organizaciones ecologistas consideran fundamental limitar el despliegue de la eólica marina a las Zonas de Alto Potencial para el desarrollo de la Energía Eólica marina (ZAPER) priorizando los proyectos que tengan un menor impacto ambiental.

Las organizaciones ambientales lamentan que el borrador de Real Decreto no establezca una obligatoriedad en la aplicación de criterios ambientales y sociales para los procesos de concurrencia competitiva, y que la puntuación de estos se haya visto limitada a un máximo del 30%.

Participación pública

Las organizaciones insisten en aumentar el peso de los criterios ambientales hasta el 50% y los sociales al 25%. En este sentido, solicitarán formalmente al gobierno modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para hacerlo posible.

También piden concreción en el desarrollo y resolución en los procesos de  concurrencia competitiva «hecho que limita significativamente la participación pública durante el resto del proceso» y definir con precisión el diálogo público-privado.

Inclusión de un canon

Así mismo, solicitan la creación de «un Fondo Público para el Apoyo Socioeconómico y Medioambiental» con un canon vinculado a la generación de cada proyecto destinado a la financiación de proyectos y actividades que fomenten el desarrollo socioeconómico sostenible y la protección ambiental de la zona y las comunidades locales afectadas.

Por todo ello, fundamentan todas estas peticiones como estratégicas con «la intención de equilibrar el necesario avance de la transición energética con las salvaguardas necesarias que puedan garantizar, por un lado, la protección de la biodiversidad y, por otro, un proceso de gobernanza inclusivo y participativo que resulte en el desarrollo justo y sostenible y suficientemente ágil de la energía eólica marina en España».