Ségolène Royal denunciada por los productores ecológicos españoles ante la Fiscalía General del Estado

• Antonio Quilis Sanz @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora responsable de OKGREEN en OKDIARIO. Antiguo director de El Mundo Ecológico y colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 01/02/2024 17:45
  • Actualizado: 01/02/2024 23:03

Ecovalia, la asociación profesional española de la producción ecológica, ha confirmado a OKDIARIO que esta mañana la exministra francesa Ségolène Royal ha sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado a raíz de las declaraciones en las que afirmaba que los productos ecológicos españoles eran una «estafa», «falsos» e»incomibles».

Todo este proceso empezó cuando la exministra para la Transición Ecológica estaba como invitada en el programa de la cadena de televisión privada BFM TV en la que declaró abiertamente «que todos los productos ecológicos estén en el mismo lugar en una gran superficie es una estafa porque los productos españoles son falsos productos ecológicos».

Royal, siguió insistiendo, preguntando a los presentes en el debate televisivo «¿habéis probado los tomates bio españoles? Son incomibles. Os digo que los bio españoles son falsos y no respetan las normas francesas, no deberían estar en las estanterías».

Denuncia ante la Fiscalía

Ante estas afirmaciones Ecovalia confirma que Ségolène Royal ya sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado español. Además, aseguran estar ultimando los detalles para presentar una acción similar ante la Comisión Europea, que en las próximas horas también se hará efectiva, según ha confirmado a la redacción de OKDIARIO el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrero, quien ha ha detallado que «se está elaborando».

La denuncia en Europa es la más importante y «es la más grave por el hecho comunitario», según el presidente de Ecovalia, quien ha explicado que el sector de la agricultura ecológica tiene que defenderse y que estas acciones se han puesto en marcha con carácter «preventivo para salvaguardar a nuestros productores, al sector ecológico español».

Ségolène Royal es la responsable

El carácter preventivo de estas acciones jurídicas se realiza por si «caen las exportaciones en ecológico del sector español, si cae el precio de nuestros productos ecológicos en Europa. Si caen, tenemos una responsable, Ségolène Royal, y vamos a ir a  a exigirle esa responsabilidad», según ha afirmado Barrero.

«Por eso hay que poner esas denuncias en tiempo y forma. Que es lo que ha hecho Ecovalia. Ojalá, no prosperen porque no ha habido un lucro cesante. Pero si lo hay, aseguro que lo vamos a exigir» ha puntualizado el máximo representante de Ecovalia.

El antecedente de la crisis de los pepinos

Preguntado cuándo se podrían notar estas consecuencias en el futuro, el presidente ha confirmado que el «un efecto que puede verse en un mes», tomando como referencia la crisis del pepino de 2011, que provocó pérdidas multimillonarias, unos 200 millones de euros semanales, en las empresas comercializadoras de frutas y hortalizas en España, especialmente en Almería.

Todo comenzó a raíz de unas declaraciones de la responsable bávara  Cornelia Prüfer-Storcks, que aseguraba que una cepa mortal se hallaba en un cargamento de pepinos ecológicos procedente de Andalucía.

Finalmente se demostró que el origen no era causado por esta hortaliza española y, seis años después el estado bávaro tuvo que indemnizar a los productores.

Royal no puede arruinar al sector

«No podemos consentir que las declaraciones sin fundamento arruinen un sector», ha declarado Barrera. Así mismo, hace un llamamiento a las instituciones para que se sumen a condenar este tipo de declaraciones que «tanto perjudican a la producción ecológica. Hay que recordar que todos los productores europeos trabajamos bajo el mismo reglamento».

Ecovalia aseguró ayer en un comunicado que existe una norma única para todos los estados miembros de la Unión Europea, recordando que «la producción ecológica es el único sistema público reglado con normas comunes para todos los Estados Miembros de la UE, que comparten un único sello. Distintivo garantizado por el control oficial ejercido por todos los estados miembros».