Las detenciones por incendios forestales caen un 32% pese a arder nueve veces más de superficie
El fuego arrasó 390.735 hectáreas entre enero y agosto, frente a las escasas 43.000 de 2024
El Gobierno moviliza 34,5 millones para restaurar las zonas devastadas este verano en España
Las detenciones por provocar incendios forestales cayeron un 32% entre enero y agosto de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, a pesar de que el fuego arrasó una superficie nueve veces mayor que en 2024.
Esta paradoja se produce en un año marcado por una devastadora ola de incendios que hasta ahora ha calcinado 390.735 hectáreas en 327 siniestros, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de Copernicus.
De acuerdo con datos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, entre enero y agosto de 2024 fueron detenidas 201 personas acusadas de provocar incendios forestales, mientras que en el mismo plazo de tiempo de este año el número fue de 137 detenidos.
Esta tendencia también se observa en las condenas emitidas en el último decenio, que descendieron de 131 en 2015 a 94 en 2024, según las memorias de la Fiscalía correspondientes a cada gestión.
Hectáreas quemadas
Las cifras contrastan dramáticamente con las 43.655 hectáreas quemadas durante 2024, cuando se registraron 4.961 incendios forestales. El verano de 2025 ha pasado a la historia como el peor de la última década en España, con más de 300.000 hectáreas arrasadas solo durante el mes de agosto, una superficie equivalente a la isla de Gran Canaria.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha anunciado la movilización de 34,5 millones de euros destinados a la restauración hidrológico-forestal de las zonas devastadas. De esta cantidad, 24 millones serán gestionados por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación para impulsar trabajos en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura.
Oleada de incendios en agosto
El mes de agosto de 2025 será recordado como uno de los más trágicos para los bosques españoles. En sólo dos semanas se declararon unos 20 grandes incendios que arrasaron más de 300.000 hectáreas, afectando especialmente a Galicia y Castilla y León. El incendio de Uña de Quintana en Zamora calcinó cerca de 40.000 hectáreas, mientras que otro en A Rúa, Orense, arrasó más de 38.000 hectáreas.
Las olas de calor extremo, con temperaturas de hasta 45 grados, y una primavera abundante en lluvias. Los expertos señalan que el cambio climático está intensificando las olas de calor en Europa, duplicando la velocidad de calentamiento respecto al promedio mundial. La oleada de fuegos provocó cuatro fallecidos y obligó a evacuar más de 2.000 personas en la comarca de El Bierzo.
Durante esta catástrofe ambiental, los operativos de extinción tuvieron que hacer frente a incendios de comportamiento extremo, definidos por los expertos como incendios de sexta generación.
El Gobierno desplegó 500 militares adicionales de la Unidad Militar de Emergencias, sumándose a los 1.400 efectivos ya movilizados. España también activó el mecanismo europeo de protección civil, recibiendo medios aéreos y brigadas de Francia, Italia y Países Bajos.
Menos detenciones en un año catastrófico
Durante el período estival, las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron alrededor de 45 detenciones por incendios forestales, con más de 130 personas investigadas. La Guardia Civil de Galicia identificó o detuvo a 60 personas por provocar incendios en la comunidad.
En Castilla y León, la Guardia Civil realizó 88 investigaciones que resultaron en la instrucción de 63 diligencias penales y casi 90 denuncias administrativas.
Las causas detectadas van desde prácticas tradicionales mal gestionadas hasta negligencias e imprudencias graves. En La Coruña, dos hombres fueron detenidos por robar cable de cobre y quemarlo en zonas forestales para extraer el metal.
En Cáceres, siete personas fueron investigadas por imprudencias que incluían desde un cañón detonador usado como espantapájaros hasta chispas de herramientas.
La mano del hombre en los incendios
Los ingenieros forestales recuerdan que el 95% de los incendios tienen causa humana, pero sólo un 7% se deben a pirómanos en sentido estricto. La mayoría obedecen a quemas agrícolas descontroladas, negligencias con maquinaria o colillas. Los expertos insisten en que el verdadero problema es el abandono rural y la acumulación de biomasa, que actúa como combustible en condiciones de calor extremo.
Pacto de Estado y restauración de zonas afectadas
Hoy se reúne en Ponferrada la convención del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, una iniciativa anunciada tras los devastadores incendios de agosto. El encuentro busca establecer medidas coordinadas entre administraciones para hacer frente a una amenaza que los científicos consideran estructural y ligada directamente al cambio climático.
Además de los 34,5 millones movilizados por el MITECO, las confederaciones hidrográficas ejecutarán planes de choque con 10,5 millones adicionales. La Confederación Hidrográfica del Duero destinará 5,1 millones a actuaciones en Ourense, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila. El objetivo es proteger las masas de agua, los hábitats de la Red Natura 2000 y reducir el riesgo de eutrofización en embalses.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas activó su Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias para evaluar la severidad de las quemas y el riesgo de erosión.
Para ello, los científicos utilizan drones con sensores para cartografiar áreas calcinadas y asesorar sobre las labores de restauración ecológica prioritarias en zonas como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad gravemente dañado por los fuegos.
Prevención, la asignatura pendiente
Los ingenieros forestales subrayan que el problema no se resuelve solo con más medios de extinción, sino con prevención activa. WWF y otros organismos abogan por recuperar paisajes agroforestales en mosaico que rompan la continuidad del combustible vegetal. Cada año se acumulan 30 millones de metros cúbicos de madera sin aprovechar en los montes españoles, un combustible que favorece incendios explosivos.
Las zonas antaño gestionadas con cultivos, pastos y bosques ahora presentan masas forestales densas sin mantenimiento. Los expertos reclaman planes a largo plazo de gestión de combustibles, quemas controladas en invierno, refuerzo de la vigilancia y fomento de la industria forestal sostenible. Solo así se podrá mitigar la probabilidad de que se repitan catástrofes como la vivida en agosto de 2025.
La paradoja de menos detenciones con más superficie quemada evidencia que el desafío trasciende la persecución penal. El verdadero reto es adaptar el territorio y las políticas forestales a un nuevo régimen de incendios más extremos impulsado por el cambio climático.
Hasta 20 años de cárcel
Las personas acusadas de provocar incendios forestales se enfrentan a sentencias de hasta 20 años de cárcel, aunque «las condenas penales no ayudan a enfrentar las causas reales de estos siniestros», ha declarado a EFE el abogado Jaime Doreste.
El artículo 351 del Código Penal es el que fija entre 10 y 20 años de prisión para aquellas personas que provoquen un incendio que ponga en peligro la vida de otros, mientras que el 352 fija una de sólo entre 1 y 5 años para los acusados de generarlos de forma intencionada sin peligro para la vida humana.
Doreste, quien también es profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que el artículo 353 añade las circunstancias que agravan un delito forestal, como «la proximidad a zonas habitadas, la alteración de la vida animal o vegetal y la superficie quemada», lo que se traduce en condenas de entre 3 y 6 años.
Si las llamas no se propagan con tanta fuerza, el artículo 354 establece una pena de 6 meses a 1 año de cárcel e incluso prevé la posibilidad de «eximir de responsabilidad al autor si evita que el fuego se extienda».
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