Las multas de aparcamiento por las restricciones anticontaminación de Madrid son ilegales

El pasado jueves 12 de noviembre, cuando todos los medios de comunicación anunciamos restricciones al estacionamiento de vehículos en el centro de Madrid, surgía el debate de si era una medida adecuada. ¿Iba a servir para algo? ¿Se podría haber incentivado a la gente a dejar su coche en casa con otro tipo de medidas como la reducción del precio del transporte público? El caso es que nada de eso se produjo, lanzando -mal y tarde- una prohibición que trastocó los planes de muchos madrileños.

Muchos ciudadanos se vieron obligados al uso de su vehículo particular, aparcando en las calles de Madrid en la que operaba la restricción al estacionamiento de vehículos a sabiendas de que no podían obtener el distintivo que autorizaba el estacionamiento al estar los parquímetros fuera de servicio, tal y como ilustra la fotografía que preside este artículo. De esta forma, todos los que estacionaron el día de la prohibición asumieron el riesgo de ser sancionados por ello con multa de 90 euros.

Ante esta situación, desde el Departamento Jurídico de Pyramid Consulting recomiendan a todos los conductores que, en caso de recibir una multa por estacionar sin distintivo el pasado viernes 13 de noviembre de 2015 en alguna de las zonas restringidas, recurran, ya que estas sanciones no son válidas al no contar con cobertura legal y no haber sido la medida debidamente señalizada tal y como exige la normativa vigente.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Madrid prevé en su Ordenanza de Movilidad restricciones a la circulación “basadas en la protección del medio ambiente”, este artículo también exige que estas medidas sean debidamente publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y sean señalizadas de forma oportuna. El Ayuntamiento de Madrid ni publicó la medida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ni señalizó debidamente la restricción, dado que no puede tomarse como señalización válida, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación, el apagado de parquímetros y la difusión de la noticia a través de redes sociales y medios de comunicación, como pretenden hacer valer los responsable del Consistorio. La medida adoptada, va en contra de la seguridad jurídica y vulnera el Principio de Legalidad.