Varapalo a la Fiscalía: el juez no ve discriminación en las residencias de Madrid durante el Covid

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 09/07/2025 19:59
  • Actualizado: 09/07/2025 19:59

La Justicia vuelve a dar la razón a la Comunidad de Madrid en relación a la gestión de las residencias durante el Covid y la atención a las personas mayores durante la pandemia y desestima la reapertura de una causa solicitada por la Fiscalía Provincial de Madrid.

En concreto, se refiere a la reapertura de una causa que se había archivado casi tres años antes, pero que el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril atendiendo a la petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, dependiente del Fiscal General del Estado,  y, por tanto, del Gobierno de Pedro Sánchez).

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial, está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.

La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Sin embargo, el auto recoge que el Ministerio Fiscal «nunca puso de manifiesto previamente este tipo de delito, solicitando hasta en cuatro ocasiones el sobreseimiento de la mencionada causa, entendiendo qué, los hechos no eran constitutivos de un delito, pues el tratamiento médico aplicado era correcto y según la literatura médica conforme a su patología.»

Continúa afirmando que «difícilmente puede hablarse de un delito de odio del art. 511 del Código Penal. No consta ningún indicio mínimo que así lo justifique».

El auto llega a decir que no es necesaria la práctica de las diligencias interesadas, pues las presentes diligencias previas no pueden se una plataforma para una instrucción genérica sin un destino concreto.

Y finaliza resaltando que las diligencias que se interesan ya fueron desestimadas por «innecesarias» a la vista de los hechos imputados, tesis compartida por el Ministerio Fiscal. «Hoy tampoco aportan nada para justificar la reapertura de las presentes actuaciones, por el nuevo tipo penal imputado, delito de odio…», concluye.

La reapertura de la causa provocó que la magistrada, María Isabel Durántez Gil, muy afín al partido socialista, llamase a declarar a Carlos Mur, firmante de los protocolos como coordinador sociosanitario de la administración de Isabel Díaz Ayuso, y también a Francisco Javier Martínez Peromingo, otro cargo que suscribió protocolos posteriores.

Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo fueron citados como investigados por la presunta comisión del delito de denegación discriminatoria de servicios públicos, pero tras el archivo de esta causa, no tendrán que hacerlo.