La Red de Inmigración pide que abogados en turno de oficio den «amparo urgente» a los ilegales de Alcalá

La Red Española de Inmigración ha pedido al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares que ampare de forma «urgente» con abogados en turno de oficio a los ilegales procedentes de Canarias alojados en el Cuartel Primo de Rivera del municipio.

«Hay que garantizar sus derechos», claman desde la ONG que ha presentado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el Gobierno de Pedro Sánchez por vulneración de derechos fundamentales de los inmigrantes albergados en Alcalá.

El cuartel militar Primo de Rivera en Alcalá de Henares, reconvertido en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes, con una capacidad total para 1.260 personas, tiene alojados a fecha de este jueves a 981 inmigrantes, después de que el día anterior se produjeran 39 bajas. Unas salidas que, según denuncia la Red de Española de Inmigración, se han producido sin «fundamentación ni resolución por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones».

Tras las últimas salidas producidas esta semana, hay un total de 109 personas en el centro que afirman ser menores de edad y otros 195 usuarios han manifestado su voluntad de solicitar Protección Internacional. En total, desde que se abrió el centro se ha atendido a 1.834 personas.

En este contexto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, compareció este miércoles en la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados, donde aseguró que aumentarán las plazas del sistema de acogida de protección internacional y de atención humanitaria, ante el aumento de la llegada de migrantes, con el despliegue de nuevos centros, para mejorar la eficacia de «un sistema tensionado» y con plazas reservadas para personas con discapacidad y centros orientados a víctimas de violencia de género.

«En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tenemos previsto aumentar las plazas del sistema de acogida de protección internacional y de atención humanitaria que se gestionan directamente por el departamento en esta legislatura», afirmó.

Los «nuevos centros» que, según precisó, se van a ir «desplegando», son necesarios para «mejorar la eficacia de un sistema tensionado que requiere cada vez más de una gestión integral de flujos migratorios mixtos», particularmente, en Canarias.

Pero los anuncios llegan después de la oleada de críticas que ha recibido el Gobierno de Sánchez respecto a su gestión de los inmigrantes traídos de Canarias a la Comunidad de Madrid. Especialmente severos han sido desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, así como desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Su secretario general, Rafael Escudero, recordó la semana pasada que días antes de que produjeran las primeras expulsiones ya advirtieron de que estas se iban a consumar, tal y como publicó OKDIARIO. «¿Teníamos razón o mentíamos cuando dijimos hace una semana que se estaban dando expulsiones en grupo? ¿Es o no cierto que no existe coordinación o preaviso a los servicios sociales de la ciudad o de la Comunidad? ¿Quién miente? Esto es irresponsable desde el punto de vista social, puesto que condena a estas personas a la mendicidad en plena campaña de frío, pero es aún más grave desde lo jurídico. El Ministerio está obviando que cualquier decisión administrativa tiene que poder ser recurrida y se aprovecha de la falta de conocimiento de sus usuarios para promover activamente su exclusión social con la grave peligrosidad que eso provoca para usuarios y ciudadanía. Pedimos la dimisión inmediata de la Dirección del centro y estudiaremos otras vías legales en caso de apreciar desviación de poder», señaló.

La plataforma ha recalcado que el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) abierto en el municipio madrileño «está resultando uno de los puntos de peor gestión de toda la red dispuesta» por el Gobierno de Sánchez para reubicar a los inmigrantes irregulares procedentes de Canarias. «No es ético ni humanitario traer a personas a península sin tener un plan sólido y organizado, análogo al dispuesto para la crisis de Ucrania u otras como el sucedió con el caso Aquarius», ha zanjado.

La ONG ha destacado que su secretario general ha pedido una reunión con la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, con el objetivo de «ofrecerse a cooperar con la administración local». La asociación subraya además «la necesidad de generar un marco de coordinación urgente al tiempo que ha dispuesto, con cargo a sus fondos propios y gracias a la colaboración desinteresada de activistas y entidades de la ciudad, una red de primera acogida para orientarles mientras inicia una evaluación, caso por caso, de cada usuario para determinar la mejor vía a futuro de estas personas».