Mónica García exige regular el cannabis porque su prohibición se basa en una normativa franquista

Más Madrid, la formación que lidera Mónica García, insiste en sacar iniciativas para regular el cannabis en España. ¿La última? Una Proposición no de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que realice una «regulación responsable en adultos del cannabis».

En esa iniciativa, los de Mónica García recuerdan que el actual marco «prohibicionista» de esta droga en España se sustenta «en una normativa aprobada por Franco en los años 60» que, aseguran, «facilita el acceso de los menores al cannabis al no existir ningún tipo de protección que lo impida, toda vez que el mercado es mayoritariamente en negro».

Más Madrid indica en la exposición de motivo de esta PNL que uno de los motivos por lo que se inclina a «optar por una regulación integral del cannabis en adultos» es la «ineficacia de la legislación actual a la hora de limitar la oferta ilegal y el consumo, especialmente entre los menores». «El prohibicionismo no es capaz de presentar un solo indicador positivo, al contrario, provoca el aumento de los negativos», afirma.

Por otra parte, la filial madrileña del partido de Iñigo Errejón considera también que el cannabis debe regularse por «motivos de salud pública y de defensa de las libertades» porque, esgrimen, «una persona adulta tiene que dejar de ser criminalizada y discriminada si decide ser usuario de cannabis».

Según Más Madrid, la mayoría de la población -más de un 60% de acuerdo con un estudio de EDADES- considera que «actualmente resulta fácil o muy fácil conseguir cannabis, lo cual puede ayudar a entender por qué regular el cannabis no supondría ningún cambio brusco en la convivencia ciudadana ni animaría a incrementar su consumo».

Además, en su PNL la formación destaca las ventajas económicas y laborales que supondría la legalización del cannabis. «Pero la regulación del cannabis, además de garantizar las libertades de los usuarios adultos y de dotar de mejores herramientas para prevenir y proteger a los menores de su acceso, representa también una oportunidad económica para generar empleo y aumentar los ingresos públicos», esboza.

En España, según un estudio publicado por la Universitat Autónoma de Barcelona de la que se hace eco Más Madrid en su proposición, la regulación de esta droga crearía 100.000 puestos de trabajos y unos ingresos vía impuestos de alrededor de 3.312 millones de euros al año, «a lo que habría que sumar el ahorro en el coste policial y judicial».

«Pero el impacto económico va más allá de la venta directa, dado que su efecto puede abarcar toda una serie de externalidades positivas que van desde la creación de grados universitarios, investigación, formación profesional, ferias, turismo rural, tratamientos e incluso una posible futura exportación», agrega.