La juez pide más pruebas de que el delegado del Gobierno en Madrid no fue alertado del virus antes del 8M

La juez del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodriguez-Medel, que investiga la responsabilidad del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en los posibles contagios por coronavirus durante las manifestaciones del 8M, quiere más pruebas. En una providencia remitida este martes, pide al secretario general de la Delegación que aporte antes del próximo día 30 de abril la primera comunicación, alerta o información recibida sobre el COVID-19 antes de la declaración del estado de alarma.

La magistrada continúa las pesquisas pese a que la contestación oficial recibida desde la Delegación del Gobierno, en respuesta a su primera solicitud, dijese textualmente que «no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020, en el marco de la crisis generada» por la pandemia. Sin embargo, la juez insiste en que, de ser así, el secretario general de la institución confirme nuevamente por escrito que la primera noticia de la que se tuvo constancia fue la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto por el que se declararon las medidas excepcionales para la gestión de la crisis sanitaria.

Además, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid quiere conocer la fecha exacta de recepción de las dos resoluciones de 6 de marzo de 2020 emitidas por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma, en las que se adoptaban medidas de protección sobre Salud pública para los centros de día de ancianos, hogares de jubilados y se aprobaban actividades formativas sobre la enfermedad, en los centros sanitarios.

También insiste en las fechas de registro en la Delegación de las medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el coronavirus, desde la Comunidad de Madrid, emitidas por la Consejería de Sanidad el 5 de marzo.

Prevaricación

El delegado del Gobierno de España en Madrid, el socialista José Manuel Franco, está siendo investigado desde hace varias semanas por la juez Carmen Rodríguez-Medel por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, tras permitir la manifestación del 8M en la capital.

La denuncia que publicó OKDIARIO fue registrada por el abogado Víctor Valladares y estaba, además, dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez quien, al ser aforado, debe ser investigado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tal y como indicó al letrado la propia titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

Tras estudiar dicha denuncia, la juez de instrucción incoaba, en un auto de 11 páginas, diligencias previas respecto al delegado de Gobierno de Madrid. Las pesquisas se centran ahora en determinar si Franco obvió las advertencias hechas días antes desde el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), u otras en el mismo sentido de cualquier otra Administración o institución, sobre el riesgo de contagio por coronavirus.