La Fiscalía alerta del «colapso» en Madrid con los menas: récord de llegadas por Barajas

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha alertado de una situación de «colapso» del sistema de atención a menores extranjeros no acompañados (menas) tras registrar la llegada de 1.937 nuevos casos durante 2024. La cifra supone un incremento sustancial respecto al año anterior, según revela la Memoria 2025 de la institución pública.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido en el principal punto de entrada, concentrando 1.110 casos, lo que representa el 57,5% del total. Esta vía de acceso ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de los 399 menores registrados en 2023 a más del triple en el último ejercicio.

La Fiscalía señala que estos menores han llegado «de manera mucho menos controlada y muy numerosa» a través del aeropuerto madrileño, principalmente en «vuelos procedentes, especialmente, de Casablanca (Marruecos) y Egipto». Esta nueva ruta migratoria ha cogido desprevenidas a las autoridades, que tradicionalmente gestionaban los flujos procedentes de las Islas Canarias.

La situación ha generado «sospechas de que detrás de estos flujos puedan estar desarrollándose actividades ilícitas», lo que motivó la incoación de diligencias de investigación que culminaron en «varias operaciones policiales» y la apertura de diligencias previas judiciales.

El colapso no se limita únicamente a los recursos de acogida. La Memoria denuncia que esta avalancha ha saturado también «las infraestructuras aeroportuarias» y el área sanitaria, ya que el sistema cuenta «únicamente con un centro hospitalario para realizar, en su caso, las pruebas radiológicas», provocando retrasos de «hasta 8 meses en la emisión de informes».

Sistema desbordado

Durante 2024, la Sección de Menores de la Fiscalía tramitó 911 expedientes de determinación de edad de extranjeros, cifra que representa un aumento del 125,5% respecto al ejercicio anterior. Los centros de primera acogida se encuentran al límite de su capacidad, generando una situación insostenible para el sistema de protección.

La Fiscalía documenta que el 91,1% de los expedientes de determinación de edad fueron archivados, mientras que sólo el 24,3% resultaron en determinación de minoría de edad. Esta proporción indica las dificultades técnicas para establecer la verdadera edad de los llegados.

Las salas de inadmitidos y asilo del aeropuerto han sufrido un «absoluto desbordamiento de la capacidad de los medios materiales y humanos». La situación se repite «cíclicamente a lo largo del año, coincidente con oleadas de viajeros de determinadas nacionalidades».

Los menores llegan con solicitudes de protección internacional en frontera. Este procedimiento genera «situaciones de difícil abordaje en el servicio de guardia» que requieren coordinación entre diferentes servicios fiscales para evitar vulneraciones de derechos fundamentales.

La respuesta gubernamental ha sido la imposición de «visados de tránsito a las respectivas nacionalidades por parte de las autoridades competentes». Estas medidas han logrado reducir parcialmente las oleadas masivas, aunque el problema de fondo persiste.

El coste económico del fenómeno resulta difícil de cuantificar. Los recursos destinados a alojamiento, manutención, atención sanitaria y procedimientos administrativos se han multiplicado exponencialmente sin que existiera previsión presupuestaria para esta contingencia.

La Comunidad de Madrid ha tenido que habilitar recursos de emergencia para hacer frente a la situación. Sin embargo, estos parches no resuelven la problemática estructural que requiere una planificación a largo plazo y dotación presupuestaria específica.

La llegada masiva de estos menores ha puesto en evidencia las limitaciones estructurales del dispositivo de atención de las administraciones públicas. La institución fiscal subraya que se trata de un «verdadero colapso del sistema» que afecta tanto a los recursos materiales como humanos disponibles.

El fenómeno trasciende las fronteras regionales y se enmarca en el contexto de los movimientos migratorios hacia España, donde tradicionalmente las Islas Canarias habían sido el punto de entrada mayoritario. Sin embargo, la nueva dinámica sitúa a Madrid como escenario principal de este desafío humanitario y administrativo.

La Fiscalía concluye que esta situación demanda una respuesta coordinada e inmediata por parte de las administraciones competentes para garantizar tanto la protección de los menores como el correcto funcionamiento del sistema de acogida en la región.