Ayuso también recurre ante la Audiencia el impuesto a los ricos que ha recaudado 555 millones en Madrid

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 20/09/2023 13:58
  • Actualizado: 20/09/2023 14:10

El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a recurrir ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para la liquidación del conocido como impuesto para ricos, que el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

La apertura de esta nueva vía judicial contra un tributo que desde la Comunidad de Madrid consideran que invade competencias autonómicas se produce después de que este miércoles se haya conocido que la región ha aportado un 90% de la recaudación que ha obtenido el Gobierno de Pedro Sánchez a través de este impuesto.

Esto es que de los 623 millones de euros que se han recaudado en 2023, un total de 555 millones de euros proceden de contribuyentes con su residencia fiscal en Madrid. La recaudación en toda España procedió de 12.010 grandes patrimonios, que suponen el 0,1% de los contribuyentes en el país y que han abonado una cuota de 52.000 euros por cabeza. Es decir; el impuesto ha sido abonado por aquellos ciudadanos con patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros, y que se enfrentarán a su declaración en 2023 y 2024.

Después de publicarse estos datos, el Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de este miércoles el informe por el que se da cuenta del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación, en la que se reitera quiénes están obligados a su declaración, así como el lugar, forma, plazos, condiciones y su procedimiento.

Al tener este impuesto, oficialmente denominado impuesto de Solidaridad y que tiene una duración de dos años, recurrido ante el Constitucional, el Gobierno madrileño por «coherencia» impugnará todas las disposiciones normativas que deriven de su entrada en vigor.

El Gobierno de Ayuso, tal y como ha dado cuenta su portavoz, Miguel Ángel García, en rueda de prensa, considera que tanto el procedimiento para aprobar el impuesto como la naturaleza del mismo vulnera varios principios recogidos en la Constitución Española. Así, sostienen en la Puerta del Sol, «supone un atentado contra la autonomía regional para la gestión de los tributos cedidos, como es el caso de Patrimonio que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008».

Además, recuerdan que su tramitación se llevó a cabo a través de una enmienda en un proyecto de Ley que no estaba relacionado, «obviando el desarrollo parlamentario ordinario, sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado».

Otro de los argumentos que esgrimen para justificar sendos recursos es que su aplicación tuvo efectos retroactivos para todo 2022, a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año, lo cual supone, a su juicio, «un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, vulnerando el principio de seguridad jurídica».

Asimismo, el Gobierno de la región capitalina considera que no se ha justificado la creación del gravamen al no existir una necesidad recaudatoria real, ya que se ha alcanzado «cifra récord en estos momentos debida a la coyuntura económica y a la desmesurada presión fiscal que práctica la política Gobierno de España sobre los impuestos».