Ayuso acusa al Gobierno de «intentar nacionalizar socialistas» haciendo «ingeniería» con el censo electoral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles al Gobierno de estar «intentando nacionalizar socialistas» mediante una «ingeniería» del censo electoral de cara a las próximas elecciones. La líder madrileña ha asegurado que el proceso le «inquieta» y ha pedido observadores que garanticen su transparencia desde ya, no el día de los comicios.

«Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que hagan falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir a observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta», ha afirmado la dirigente desde un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI este miércoles.

Ayuso ha criticado que el Ejecutivo quiera hacer «ingeniería» con el censo y ha denunciado que fomenta las «arbitrariedades» incentivando o desincentivando el voto «según conviene y según el origen».

«Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar según, por ejemplo, en qué circunscripción, en aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que, por los restos y por el recuento del voto, quedan 2.100 votos para llegar al siguiente escaño», ha afirmado Ayuso, que ha reprochado que cualquier elector que «no tiene ninguna vinculación» con España pueda elegir circunscripción. «Quién lo controla, quién lo decide y con qué criterio», se ha preguntado la presidenta madrileña.

El debate de fondo: la ley de nietos

Las palabras de Ayuso se enmarcan en la polémica que rodea a la conocida como ley de nietos, recogida en la Ley de Memoria Democrática, que amplía el derecho a solicitar la nacionalidad española a descendientes de quienes emigraron durante el franquismo o incluso antes. Desde octubre de 2022, último mes previo a su aplicación, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) ha sumado más de 420.000 nuevos inscritos, según los datos del INE.

Lo llamativo, según ha denunciado la oposición, es la distribución territorial de ese crecimiento: casi un tercio de los nuevos electores se ha concentrado en Madrid, la provincia que reparte más escaños y donde el último diputado se decide por un margen más estrecho de votos, mientras que las provincias de la emigración histórica real, como las gallegas, apenas han crecido. La normativa permite a los nuevos nacionalizados señalar el municipio de mayor «arraigo» propio o de sus ascendientes sin que exista, según estas informaciones, un mecanismo público que verifique ese vínculo.

Tanto el PP como Vox han elevado el tono en las últimas semanas. Alberto Núñez Feijóo ha llegado a acusar a Pedro Sánchez de haber incorporado «hasta 2,5 millones de personas con derecho a voto» a través de distintos procesos de nacionalización, mientras que desde Vox se ha hablado directamente de «pucherazo legal». El Gobierno y el PSOE han rechazado estas acusaciones y las han calificado de bulo, insistiendo en que la última palabra sobre cualquier expediente de nacionalización recae siempre sobre funcionarios españoles.