El censo exterior de Madrid se dispara un 29% desde las elecciones de 2023 con la ‘Ley de Nietos’ en marcha

Las nacionalizaciones masivas por la Ley de Nietos han irrumpido en el debate político por su evidente impacto en el censo. Más allá de la vocación de «reparación» y «justicia» con los exiliados —los argumentos que alega el Gobierno de Pedro Sánchez en su defensa—, el acceso a la nacionalidad de 2,6 millones de descendientes implicará un extraordinario aumento de personas con derecho a voto. Aterrizando las cifras, sólo en la Comunidad de Madrid, desde las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el CERA -censo de españoles residentes ausentes- ha aumentado en 108.962 personas, de 377.261 a 486.223. Esto supone un incremento de casi el 29% en apenas tres años. Isabel Díaz Ayuso arrasó en aquellos comicios con 71 escaños, por los apenas 27 del PSOE.

Aunque, como es lógico, ese incremento no puede atribuirse en exclusiva a la autodenominada Ley de Memoria Democrática, sí discurre en paralelo a estas nacionalizaciones. A esas suspicacias contribuye el impacto del voto CERA en las elecciones de julio de 2023, cuando Madrid ya se convirtió en la única circunscripción de España en la que el recuento del voto exterior alteró el resultado final, cuando el PP arrebató al PSOE el último diputado en disputa dejando a Sánchez en manos de Junts para su investidura. Un ejemplo de que el voto de los españoles en el extranjero puede resultar decisivo en escenarios ajustados. En los cuatro últimos comicios autonómicos -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- el PSOE fue la fuerza más votada en el CERA pese a las holgadas victorias de los populares en las cuatro elecciones.

«¿Dónde desea votar?»

Otro de los motivos que levantan sospechas es la inscripción electoral de los que obtienen la nacionalidad. Para ello, el propio interesado debe rellenar un formulario de la Oficina del Censo Electoral, en el que puede elegir el municipio en el que «desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España». Apenas tiene que justificar su elección, sólo marcar si ese municipio fue «su última residencia» en España -poco probable en el caso de los nacionalizados por la Ley de Nietos-, el «de mayor arraigo» propio o de sus ascendientes o bien «otros motivos». «En su caso», el solicitante deberá aportar los documentos que considere «oportunos» justificativos de su decisión.

«Ingeniería electoral»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este lunes a Sánchez de buscar «nuevos votantes» practicando «ingeniería electoral» a través de la Ley de Memoria Democrática. Igualmente, avanzó que si gobierna llevará a cabo una reforma de la ley de nacionalidad» para delimitar los requisitos para obtenerla. Según los últimos datos, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes. 

«Tendremos que hacer una reforma de la ley de nacionalidad. Tendremos que pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España», manifestó Feijóo en una entrevista en esRadio.

Según el jefe de la oposición, Sánchez busca conseguir nuevos votantes a través de la Ley de Nietos mediante una «ingeniería electoral que consiste, en un espacio muy corto de tiempo» incrementar «en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español».

«Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Los votantes actuales, pues no les salen las cuentas. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas», aseveró el dirigente popular, para añadir que su partido va a seguir «estudiando este asunto» y seguirá viendo «cómo se construyen estas nacionalizaciones».

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha alertado contra la intención de Sánchez de alterar el censo electoral.

«No hay Ley de Nietos que oculte que España necesita reiniciarse», avisó Ayuso, que añadió que «cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal».

«La tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina. Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas de juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral. El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le faltan los votos necesarios para obtener el siguiente escaño», avisó la presidenta madrileña.