Almeida y Villacís ponen fin a la okupación que ha causado 12 años de infierno en Tetuán

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, va a poner fin a una okupación en Tetuán. Se trata de La Enredadera, que ha generado un infierno de más de 12 años a los vecinos de este distrito. Según ha podido saber OKDIARIO, técnicos de la Agencia de Actividades, acompañados por agentes de la Policía Municipal del distrito, se han personado este jueves en el edificio okupado para precintarlo.

Fuentes oficiales del área de Urbanismo señalan que esta operación es el primer paso para echar a los usurpadores. Para este primer movimiento los funcionarios no necesitan entrar en la propiedad. El espacio autodenominado «Centro Social Autogestionado La Enredadera» lleva años causando muchas molestias a los vecinos, según reconoce el propio Consistorio. La lista es muy extensa: fiestas a horas intempestivas con música a todo volumen, un foco de drogas, peleas y otros problemas.

Ellos se definen como «un grupo muy diverso de personas que se encuentran, comparten ideas, piensan, sienten, reflexionan, se organizan, aprenden, crecen, se empoderan y por supuesto, sueñan y bailan».

Resistencia

Tolerancia cero

El actual equipo de Gobierno y, especialmente, el área de Desarrollo Urbano mantiene, según indican, «una política firme de lucha contra la okupación que causa todos los días muchos problemas a los ciudadanos de Madrid». Las fuentes pulsadas recuerdan que en esta legislatura se ha desalojado La Ingobernable (en el Paseo del Prado), La Dragona (en el Cementerio de La Almudena) y La Yaya (en el distrito de Moncloa-Aravaca). Además, se han tirado narconaves en Villaverde, así como otro edificio okupa en Tetuán y se ha desalojado el solar Antonio Grilo para que se pueda construir un nuevo centro de salud.

Ahora, dentro de las competencias que tiene la Agencia de Actividades, se va a proceder al precinto de las actividades que se ejercen ilegalmente en el local de La Enredadera.

Por denuncia de los servicios municipales, con fecha 12 de abril de 2016, se puso de manifiesto que las actividades de centro social y bar se ejercían sin la preceptiva licencia o declaración responsable urbanística municipal que autorizase su funcionamiento. Como consecuencia de estos hechos, se inició la tramitación del expediente para restablecer la legalidad urbanística, en el que, tras otorgar el preceptivo trámite de audiencia previsto en la ley, se ordenó el 11 de julio de ese mismo año, el cese y clausura de la actividad de centro social, siendo debidamente notificada al interesado.

Pasotismo de Carmena

Tras esto, la okupación encontró la complacencia del Gobierno de Manuela Carmena, que actuó en este caso con total pasotismo. Finalmente, tras el acuerdo de Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, en noviembre de 2020 se retomó el desalojo. Además, se empezaron a recibir en la Agencia de Actividades numerosas denuncias de los vecinos de la zona, tanto por el Registro Municipal como derivadas del Distrito.

Los vecinos se quejan frecuentemente de la problemática que deriva de las fiestas ilegales, los mercadillos, las actividades deportivas, los negocios de restauración o los residuos. Por tanto, tras haber incumplido la orden de cese y ante estas denuncias reiteradas, se inicia ahora la ejecución forzosa con el precinto de la actividad, que fue ordenada el día 2 de julio y fijada para este jueves a las nueve de la mañana.

Infierno

Los vecinos de Tetuán denuncian la proliferación de fiestas, cada vez más multitudinarias y con personas más jóvenes. Se realizan los siete días a la semana en horario de mañana, tarde y noche. Entre otras cosas dicen que en el local se realizan todo tipo de actividades: bar y restaurante ilegal, recogida de alimentos no autorizada bajo el nombre ‘Banco de Alimentos de Tetuán’ -a pesar de que no pertenecen al Banco de Alimentos-, actividades deportivas (con entrenamientos incluso por la noche), conciertos o fiestas hasta entrada la madrugada. También hacen obras sin ningún tipo de licencia o control. Y además está el problema de la gestión de residuos: la comunidad de vecinos se ve obligada a gestionar las bolsas de basura, que dejan en sus contenedores a pesar de no pagar nada.

Ahora se precintará la actividad. Saltarse el precinto conllevaría la clausura total del local y sanciones ejecutivas de miles de euros. Además, esto abriría la puerta a acciones judiciales penales contra los responsables de la okupación. En otras usurpaciones, como por ejemplo en La Yaya, los okupas, al ver el régimen de sanciones al que se enfrentarían, admitieron su derrota y se marcharon del inmueble.