Xavier León, el venezolano investigado por desviar hasta 16.900 millones de dólares del chavismo usando monedas virtuales

Xavier León Anchustegui acumuló durante años cargos de alto rango en la arquitectura económica del chavismo: viceministro de Finanzas, vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), gobernador alterno ante el Banco Mundial. Hoy está detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como presunto integrante de la mayor trama de corrupción investigada en Venezuela en dos décadas, el llamado caso PDVSA-Cripto, en el que Transparencia Venezuela cifra el dinero desaparecido en hasta 16.900 millones de dólares.

En este contexto, un contrato firmado en Caracas el 18 de diciembre de 2020 le conecta, además, con Julio Martínez Martínez, identificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española como el principal testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ese acuerdo intervenido a Julito Martínez es entre el banco público venezolano y Landside Holding LTD, una sociedad suya domiciliada en Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas. León Anchustegui aparece como vicepresidente ejecutivo de BANDES. Julio Martínez Martínez figura como presidente de Landside.

El objeto del mandato era la recuperación de fondos que BANDES había depositado en paraísos fiscales a través de Noor Capital PSC, una gestora financiera con sede en Abu Dabi. Todo ello al amparo de un Portfolio Management Agreement suscrito el 15 de septiembre de 2017.

A cambio, el contrato garantizaba a Martínez una comisión del «8,75% de los fondos recuperados durante las negociaciones», según recoge literalmente el documento.

El mandato otorgaba a Landside Holding «pleno poder notarial para actuar en su nombre» y la facultad de subcontratar a «consultores, abogados o auditores» según estimase oportuno. Una cláusula de exclusividad blindaba además la posición de Martínez durante seis meses desde la firma.

Trama PDVSA-Cripto

El caso PDVSA-Cripto investiga el mecanismo por el que Venezuela comenzó a intercambiar petróleo por criptomonedas entre 2019 y 2022, una arquitectura financiera diseñada para sortear las sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro.

Según la acusación, «las divisas producidas por las ventas del crudo se canalizaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles».

La Fiscalía venezolana cifra el desfalco en 5.550 millones de dólares. Transparencia Venezuela eleva esa estimación hasta los 16.900 millones. La horquilla entre ambas cifras es, por sí sola, un retrato de la opacidad que rodea el proceso.

El juicio, que arrancó en abril de 2026 en el último piso del Palacio de Justicia de Caracas bajo estricta vigilancia y cerrado al público, tiene 64 imputados.

En el banquillo figura Tareck El Aissami, ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, quien llegó a la primera audiencia en silla de ruedas, visiblemente más delgado, con el uniforme azul celeste de los prisioneros.

El juicio ha deparado escenas que habrían parecido inverosímiles hace apenas tres años. El Aissami, quien llegó a ser el segundo hombre más poderoso del chavismo, ha declarado ante el tribunal que fue víctima de torturas y extorsión por parte de fiscales del Ministerio Público.

Según fuentes judiciales, El Aissami aseguró que el entonces fiscal general Tarek William Saab «fue a su celda a burlarse de sus condiciones» y que en una ocasión le dijo: «Estás muerto. Hoy te odia todo el país, pero yo voy a encargarme de que te odie todo el universo». El acusado también declaró haber pasado ocho meses durmiendo en un suelo extremadamente frío bajo un reflector encendido de forma permanente.

El fiscal Eddie Rodríguez, a quien el acusado señaló por acudir a su celda para exigirle que grabara un vídeo confesando delitos, ha sido apartado temporalmente del caso.

La defensa, por su parte, ha solicitado la libertad condicional alegando que su cliente arrastra una hernia en la columna y un trombo en una pierna como secuelas de las condiciones de su detención. El propio El Aissami, según recogió El País, ha exigido sesiones públicas con un argumento que encierra una ironía difícil de ignorar: «Si este es el robo más grande de la historia, debe ser el juicio más transparente».

Más imputados

Junto a él están el ex ministro de Finanzas Simón Zerpa, el ex diputado Hugbel Roa y el ex superintendente de Criptoactivos Joselit Ramírez. Los cargos incluyen traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

León Anchustegui ha sido detenido por sus presuntos vínculos con esa red. El SEBIN lo arrestó junto a otros tres ex altos cargos: Oswaldo Pérez Cueva, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA; Juan Santana, ex viceministro de Gas; y Erick Jacinto Pérez Rodríguez, ex viceministro de Hidrocarburos.

El vínculo español

La detención de León Anchustegui en Venezuela ha adquirido una dimensión inesperada a raíz del contrato de 2020. Ese documento lo sitúa como la contraparte venezolana de Julio Martínez Martínez, cuya sociedad offshore Landside Holding Ltd. recibió amplios poderes para negociar en nombre de un banco público chavista la recuperación de fondos depositados en Abu Dabi.

Hay un dato que los investigadores españoles consideran especialmente significativo: el mandato fue firmado dos días después de que la aerolínea Plus Ultra suscribiera un acuerdo de pago con un órgano chavista clave: el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC).

El ex vicepresidente de un banco chavista, hoy entre rejas en Caracas, y el presunto testaferro de un expresidente español, hoy investigado en Madrid, comparten un folio mecanografiado fechado en diciembre de 2020. A veces, la mejor caja fuerte resulta ser el archivo judicial.