Un tribunal paraliza el proyecto de Sánchez para rastrear los móviles de 14 millones de españoles

El Tribunal de Recursos Contractuales ha obligado al Ministerio de Transportes a paralizar por segunda vez el Plan Movilia. Con este proyecto, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende rastrear la ubicación de 14 millones de españoles a través de sus teléfonos móviles. El objetivo de este plan, que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros y que ha sido adjudicado a una consultora tecnológica, es conocer el comportamiento del turismo nacional entre las 50 provincias del país tras la crisis del coronavirus.

El pasado 14 de noviembre de 2020, la Secretaría de Estado de Transportes licitó el contrato público con el que se inició el Plan Movilia con el siguiente objeto: “Servicio para la realización del estudio de movilidad de viajeros de ámbito nacional aplicando la tecnología Big Data”. Un concurso público que fue adjudicado a la UTE conformada por Nommon Solutions And Technologies SL y la filial española de una conocida compañía telefónica por 679.000 euros (a pesar de que el proyecto cuenta con un presupuesto de más de dos millones de euros).

Sin embargo, una de las firmas que optó al contrato presentó un recurso y pidió su suspensión cautelar. Una pretensión que, el pasado 11 de enero de 2021, fue estimada por el Tribunal de Recursos Contractuales que, tras tres meses de investigación, acabó dictando “el levantamiento de la suspensión del procedimiento de contratación”. Siete meses después, el 18 de octubre, volvió a ser impugnado por otra de las empresas concursantes. Una decisión que ahora confirma el Ministerio de Transportes.

El plan Movilia es una de las grandes apuestas del Ministerio de Transportes para conocer los movimientos de los españoles en el turismo nacional tras la crisis del coronavirus. Este programa pretende rastrear la posición de los teléfonos móviles de 14 millones de españoles. Se trata de una práctica tremendamente cuestionada después de que el Gobierno la empleara a través del Ministerio de Sanidad en medio de la crisis sanitaria. Una operativa muy cuestionada, ya que esta táctica podría infringir el derecho al anonimato.

Para llevar a cabo su propósito, la cartera con más presupuesto del Ejecutivo necesita una empresa que sea capaz de analizar los viajes de 14 millones de españoles entre las provincias del país, además de las islas de los archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entre los datos que la compañía debe de dar al Ministerio de Transportes se encuentran el origen y destino de cada viaje y el modo de transporte, entre otros. La conclusión de los datos tiene que contener detalles como el número de noches que un ciudadano duerme en una determinada ciudad, por ejemplo.

Este tipo de datos tan sensibles son manejados, de manera regular, por organismos públicos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sin embargo, La Casa, como se conoce a los servicios secretos, hace uso de esta información bajo dos preceptos: cuando entra en riesgo la seguridad del Estado y siempre tras la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo. Dos diferencias que no están justificadas dentro del marco del Plan Movilia.

La decisión de paralizar por segunda vez el proyecto ha sido comunicada al resto de los candidatos por la Secretaría de Estado de Transportes así: “Con motivo de la interposición del recurso especial en materia de contratos contra la resolución de la adjudicación, se procede a la suspensión automática de la tramitación del expediente de contratación de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Contratos del Sector Público».