La trama de financiación ilegal del PSC adjudicaba «contratos ficticios» a sus 3 ‘empresas pantalla’

Las tres empresas implicadas en la presunta trama de financiación ilegal de 70 millones de euros del PSC resultaban adjudicatarias de «contratos ficticios». La investigación de esta causa es llevada a cabo por la Oficina Antifraude de Cataluña en coordinación con el Juzgado de Instrucción nº 1 de Tarragona y afecta a 14 consistorios gobernados por los socialistas catalanes.

Según ha podido saber OKDIARIO, las empresas investigadas Inipro, Itinere y Educare, gestionadas por el entorno del PSC, resultaban ganadoras de «contratos fantasma». La mayoría de los expedientes eran de obras, servicios y para crear puestos de trabajo en las localidades implicadas.

Según estas mismas fuentes, entre los «contratos ficticios», se encontraría la construcción de un centro de mayores o una residencia en un municipio catalán que jamás se llegó a edificar. También se creaban empleos como el de «dinamizador de lectura de la biblioteca», un puesto que nadie conocía y desarrollaba en el municipio donde se creó esta «plaza falsa».

Según los investigadores, todos estos contratos tendrían presuntamente el objetivo de financiar ilegalmente al PSC y por ello, se habría solicitado a los consistorios implicados «todos los expedientes» suscritos con las tres empresas mencionadas entre 2008 y 2015. La instrucción se encuentra muy avanzada y en próximos días se podrían conocer algunos de los dirigentes socialistas catalanes involucrados. Otro de los puntos clave del caso, se encuentra en el consistorio barcelonés de Viladecans.

Esta supuesta trama delictiva del PSC investigada por la Oficina Antofraude de Cataluña, dirigida por Daniel de Alfonso, se habría desarrollado a lo largo de ocho años, coincidiendo en gran medida con la etapa del gobierno tripartito catalán de PSC, ERC e ICV entre los años 2003 y 2010. La investigación habría comenzado a dar sus primeros pasos gracias al denominado ‘caso Inipro’, en el que se imputó al alcalde de Tarragona del PSC desde 2007, Josep Félix Ballesteros.

En dicho caso, también se arrestó al ex jefe de Gabinete de Ballesteros, Gustavo Cuadrado y al primer teniente de alcalde del municipio barcelonés de Viladecans, Joaquín Guerrero, del PSC. La Guardia Civil detuvo también al director de la empresa Inipro, vinculada con los socialistas catalanes, Ricard Campà, y a un consultor de Viladecans, Enrique Miró.

Actualmente, la instrucción estaría en su fase final. Los investigadores estarían concluyendo las cuantías que llegaban finalmente al PSC a través de las donaciones que las tres empresas investigadas, que resultaban adjudicatarias de los contratos de los ayuntamientos implicados, realizaban a las asociaciones y fundaciones de los socialistas catalanes.