El tesorero de CDC ocultaba contratos de adjudicaciones de obras del 3%
El tesorero de CDC, Andreu Viloca, al que el juez ha enviado a prisión, es considerado por los investigadores el cerebro y ejecutor de la trama que inyectó 25 millones de euros en las arcas del partido procedentes de comisiones ilegales. Prueba de su papel decisivo en la red es que poseía documentación de contratos vinculados a los empresarios benefactores de las fundaciones de CDC.
Viloca se ha visto en una situación muy comprometida por la documentación hallada en los registros efectuados por la Guardia Civil en su despacho. Este cuádruple tesorero de CDC y sus tres fundaciones afines (Catdem, Fórum y Nous Catalans) poseía papeles de algo absolutamente ajeno a su labor: información sobre contratos adjudicados por políticos de su partido desde la Administración catalana a empresarios vinculados con las donaciones que acabaron en las arcas del partido liderado por Artur Mas.
Es el segundo error documental de la trama. El primero fue el papel del 3%. El documento hallado por los investigadores en la caja fuerte de Teyco con el porcentaje a donar a Catdem sobre el importe concedido de obras por organismos públicos bajo control de CDC. Unas donaciones efectivamente concedidas a Catdem por 100.000 euros, la misma cifra manuscrita.
Desde la empresa se niega todo nexo entre contratos y el porcentaje abonado como donación legal a Catdem. Pero esto no elimina la incógnita que pesa sobre el dueño de Teyco, Jordi Sumarroca: si las donaciones fueron altruistas, ¿por qué se tomó la molestia de escribirlas en un papel junto a las obras adjudicadas y ocultarlo en la caja fuerte?
Peor defensa tiene Viloca. Es un personaje ajeno a la Generalitat, ayuntamiento o cualquier organismo público, y sin embargo guardaba información de contratos otorgados por la administración catalana.
A partir de estas pruebas y otros elementos indiciarios, los investigadores de Fiscalía y Guardia Civil sospechan que Viloca no era el contable de la trama, sino su gestor y cerebro. Estaba en el centro de una trama con las siguientes brazos: la administración controlada por su partido concedía contratos a los empresarios; los empresarios donaban un peaje a las fundaciones de CDC y éstas ingresaban el dinero en el partido como pago por supuestos estudios o por otras vías.
Para que todo este tráfico de comisiones, donaciones y pagos por falsos servicios cuadrara, nada más natural que tener un mismo tesorero en el partido y en las fundaciones. Y nada más discreto que tener un solo interlocutor para negociar con los empresarios el peaje, con la información en la mano, como se ha visto, del contrato adjudicado.
Estos indicios, a juicio de los investigadores, le involucran en una operativa de cohechos encadenados y en un blanqueo de capitales continuado. Porque, según los indicios de la investigación judicial, suya era la responsabilidad de que los empresarios aportaran la mordida y suya era la responsabilidad de camuflarla para hacerla llegar a las arcas de su partido.
Y todo sin salir de su despacho. Anotando pagos en Catdem, Fórum y Nous Catalans y anotando ingresos en CDC por servicios varios que nunca fueron acreditados. Nadie mejor para hacerse facturas sin ninguna verosimilitud.
Nadie iba a poner pegas porque emisor y receptor de la factura tenían el mismo contable. La voluntad probada de querer destruir pruebas, evidenciada por el material que echó en su trituradora de papel, ha jugado como elemento decisivo para que los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo solicitaran y obtuvieran su prisión sin fianza.
La decena de empresarios detenidos seguirá igual suerte si los investigadores hallan documentación igualmente comprometedora.
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