El PSOE y los independentistas aprovecharon el Covid para crear más ‘chiringuitos’ en Cataluña y Valencia

La crisis del Covid, que condenó a ciudadanos y a empresas a la austeridad forzosa, fue aprovechada por la Generalitat catalana y la valenciana para engordar aún más sus ya de por sí espesas, caras y controvertidas redes de entes públicos. Esa esa suerte de administración paralela con la que las autonomías gestionan miles de millones de euros al calor de normas menos estrictas y menos transparentes que sí lo hacen a través de los órganos administrativos ordinarios.

La reducción de ese entramado de entes fue uno de los objetivos fijados por el Estado cuando estalló la crisis de 2008. Fue una de las recetas para controlar mejor el gasto público y rebajarlo. La mirada estaba puesta en los chiringuitos de la Generalitat de Cataluña, por abundantes y caros, pero también en los del resto de autonomías.

Adelgazar esas administraciones paralelas fue la senda general en la que, con mayor o menor ímpetu, entraron todos los ejecutivos regionales. Excepto el valenciano del socialista Ximo Puig y el catalán de los independentistas Quim Torra y Pere Aragonés, que en 2020, en pleno desastre socioeconómico del Covid, aprovecharon para crear 16 entes más entre ambos gobiernos autonómicos. Un informe del Tribunal de Cuentas lo atestigua. Eso sí, sin desvelar a qué se dedican esos entes y cuánto cuesta cada uno de ellos. El órgano fiscalizador, a cuyo frente está una persona de confianza del PSOE, se limita a dar la cifra, sin más detalles.

Según esta información oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno catalán copado por los independentistas eliminó cuatro entes en 2020, pero al mismo tiempo las autoridades de Cataluña creó 16 nuevos, chiringuitos mediante. Así que el resultado neto fue una administración paralela engordada con 12 entidades más, entre empresas públicas, fundaciones, consorcios y entes de diverso pelaje jurídico.

En el caso de la Generalitat Valenciana presidida por el socialista Ximo Puig, la maniobra fue muy similar: eliminó dos entes a la par que creó seis nuevos. Así que, al final del año del Covid la Generalitat valenciana tenía cuatro organismos más que un año antes.

García-Page, también

Junto a ellas, otra comunidad gobernada por el PSOE engordó en vez de adelgazar su entramado autonómico. Fue Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page. En su caso, en 2020 no eliminó ninguno de los entes que tenía y creó uno nuevo.

Todas las demás comunidades autónomas o bien dejaron intacto su censo de entes o bien lo redujeron. Andalucía eliminó seis, Extremadura uno, Galicia dos y el País Vasco uno.

Estas maniobras puestas en práctica en 2020 por el valenciano Ximo Puig y de la Generalitat independentista son todavía más flagrantes si se tiene en cuenta que ambas comunidades destacan precisamente por la gran cantidad de empresas públicas, fundaciones, consorcios y entidades de lo más variado que pueblan esos aledaños a los que desvían miles de millones de euros de dinero público, año tras año.

Cataluña no tiene rival en este ránking: 260 en total, entre los que abundan los chiringuitos, entes de cuestionable necesidad que, eso sí, sirven como coladero de empleo y de adjudicaciones sin tener que someterse al control de la Administración autonómica propiamente dicha, cuyo funcionamiento se ve constreñido por normas más estrictas.

Lista de lo más variopinto

Según el último informe certificado por los auditores del Tribunal de Cuentas, al finalizar 2020 la ruinosa Generalitat catalana, que se sostiene a base de los privilegiados préstamos a fondo perdido que les da el Estado, sumaba un total de 22 organismos autónomos, 7 entes de derecho público, 45 entes de derecho privado, 29 sociedades mercantiles, 64 consorcios, 41 fundaciones, 7 universidades y otros 45 entes vinculados a esas universidades.

Por su parte, la Generalitat valenciana acabó 2020 con un total de 111 entes públicos, entre los que abundan los calificados popularmente chiringuitos. El censo lo componen 13 organismos autónomos, 20 entes de derecho público, 4 entes de derecho privado, 14 sociedades mercantiles, 13 consorcios, 20 fundaciones, 3 fondos sin personalidad jurídica, 5 universidades y 19 entes ligados a esas universidades.

Esos entramados fueron exprimidos como agentes de contratación tanto el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig como la Generalitat catalana, que en 2020 estuvo presidida hasta septiembre por Quim Torra y, después, por Pere Aragonés. Así, los entes públicos de la Generalitat catalana tramitaron en 2020 un total de 169.588 contratos mercantiles por un importe de 3.000 millones de euros. La Generalitat valenciana aprovechó su administración paralela para cursar 11.903 adjudicaciones por un valor total de 1.078 millones de euros.

Cataluña y la Comunidad Valenciana son, respectivamente, las autonomías que más dinero reciben del Estado para mantenerse a flote. Lo hacen a través del conocido popularmente como FLA, siglas del Fondo de Liquidez Autonómica, el instrumento que se creó durante la crisis 2008-2015 para evitar la quiebra de esas dos autonomías y ayudar al resto de gobiernos regionales durante aquella crisis financiera.