El novio de ‘Vicky’ Rosell ha cobrado un millón de euros públicos a dedo desde que ella está en Igualdad
Desde que la podemita fue elevada a la cúpula ministerial de Irene Montero, su pareja encadena adjudicaciones de la televisión pública de Canarias bajo control del Gobierno regional del PSOE y Podemos
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La pareja de la podemita Victoria Rosell ha cobrado más de un millón de euros en contratos públicos a dedo desde que ella fue nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, alto cargo del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero (Podemos). Victoria Rosell, magistrada de carrera que mantiene guardada la toga mientras se dedica profesionalmente a la política, fue elevada a la cúpula ministerial de Igualdad el 28 de enero de 2020, con rango de directora general. Y ese mismo año se disparó el negocio de su pareja, Carlos Sosa, que empezó a recibir cuantiosos contratos a dedo de la televisión pública de Canarias. El ente depende del Gobierno autonómico, copado en estos cuatro últimos años por el PSOE en alianza con Podemos y los regionalistas de Nueva Canarias.
Carlos Sosa ha ingresado esas adjudicaciones a dedo a través de su empresa Clan de Medios, Comunicación y Marketing, una sociedad limitada que ha pasado a estar entre los elegidos para el reparto de fondos públicos gestionados por la televisión pública canaria.
Según los documentos oficiales obtenidos por OKDIARIO, el primero de esos contratos lo obtuvo apenas tres meses y medio después de que Victoria Rosell entrara en el Gobierno de Pedro Sánchez con rango de directora general del Ministerio de Igualdad. Fue exactamente el 12 de mayo de 2020 cuando la empresa de Sosa y la televisión pública de Canarias firmaron un contrato que reportó a Clan de Medios, Comunicación y Marketing 23.327,90 euros, impuestos aparte, por la elaboración de un documental titulado Después del virus.
Por entonces, cuando se formalizó esa primera adjudicación a dedo, ya se estaba fraguando otra de mayor importe. Este segundo contrato se firmó el 1 de julio de 2020: 286.694,88 euros, sin contar impuestos, por 13 entregas de un nuevo programa de reportajes que empezó llamándose Trópico Distópico. Ése fue el principio de una cadena de contratos televisivos que se ha mantenido desde entonces con el mismo programa, aunque luego, su nombre se cambió por el de Informe Trópico, el que sigue luciendo en la actualidad.
Negocio boyante en pleno Covid
OKDIARIO ha accedido a los importes adjudicados a la empresa de la pareja de Victoria Rosell en 2020 y 2021, pero el programa se mantiene en antena, así que la cifra supera ampliamente la adjudicada en ese bienio, que ascendió a un total de 894.447,79 euros, impuestos aparte. A esa cifra hay que añadirle los contratos de 2022 y lo que llevamos de 2023 por ese programa de reportajes, lo que eleva la facturación acumulada muy por encima del millón de euros de dinero público sólo por estas producciones pagadas desde la televisión pública de Canarias.
A los 310.023 euros brutos que este ente le adjudicó a la empresa del novio de Victoria Rosell en 2020 se le añadieron 584.425 euros en 2021, siempre sin contar impuestos. Negocio ampliamente mejorado en plena crisis del Covid, cuando la pandemia asfixiaba la economía y ponía al límite a cientos de miles de empresas y autónomos en España.
Ese 2021, Clan de Medios, Comunicación y Marketing S.L. recibió un contrato de 297.730 euros por otra temporada de 13 entregas de Trópico Distrópico, al que se añadió una adenda por importe de 286.694,85 euros.
Contratos en entredicho
Las adjudicaciones a dedo otorgadas por la televisión pública canaria a empresas como la del novio de Victoria Rosell han merecido el reparo de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Y de forma reiterada.
En un informe de octubre de 2022, este organismo de fiscalización subrayaba que llevaba años insistiendo en que la radiotelevisión de Canarias debía dictar «normas en las que se establezca un procedimiento sistematizado y normalizado en materia de contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión y explotación, en las que se regule la documentación a contener en cada expediente, los requisitos a cumplir por los contratistas, los mecanismos de selección y de tramitación atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica, entre otros».
La Audiencia de Cuentas de Canarias reprochaba en su informe que esas normas, pese a haber sido solicitadas con reiteración, seguían sin aprobarse cuando la empresa del novio de Rosell –entre otras– empezó a beneficiarse de esas adjudicaciones a dedo.
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