La Fiscalía cree que Trapero «reincidió» en el delito de sedición desde el 20 de septiembre al 1-O

La Fiscalía considera que el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, «reincidió» en el presunto delito de sedición que investiga la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, desde el 20 de septiembre al 1 de octubre.

Según las fuentes consultadas, los representantes del Ministerio Público creen que la «dejación» de funciones de Trapero no sólo tuvo lugar el 20 y el 21 de septiembre, sino que los supuestos comportamientos o actuaciones sediciosas «se repitieron» desde esa fecha hasta la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

La Fiscalía habría alcanzado esta conclusión tras analizar el segundo atestado de la Guardia Civil presentado este mismo viernes. Dicho informe, de más de 300 páginas, contiene material audiovisual sobre los disturbios callejeros y los ataques a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en esos 12 días en Cataluña.

Las mismas fuentes descartan que se puedan imputar nuevos delitos a Trapero, sino que con la reincidencia del presunto delito de sedición la calificación sería «aún más grave» y por tanto, la posible pena mayor.

Según el artículo 544 del Código Penal, «son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Las penas contempladas para este delito pueden oscilar entre los 8 y 10 años de cárcel para aquellas personas que puedan «haber inducido, sostenido o dirigido la sedición» y de 10 a 15 años si son «autoridades públicas».

La magistrada Carmen Lamela citaba este vienes 6 de octubre a Trapero en calidad de investigado, tras la querella presentada por Fiscalía, por su papel durante las algaradas callejeras registradas el 20 y el 21 de septiembre en varios puntos de Cataluña. También comparecían por el mismo delito, la intendente de los Mossos, Teresa Laplana; el presidente de ANC, Jordi Sánchez; y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

En estos disturbios, la Policía y la Guardia Civil ejecutaba un dispositivo contra altos cargos de la Generalitat de Cataluña responsables de la organización del referéndum ilegal del 1-0. Los radicales independentistas acosaron a los agentes en la Consejería de Economía de la Generalitat y cercaron la casa cuartel de la benemérita en Manresa.

Durante los ataques, varios vehículos resultaron completamente destrozados y los Cuerpos policiales denunciaron entonces la pasividad mostrada por los Mossos.

Trapero ante la juez

El responsable de los Mossos declaraba en la Audiencia Nacional durante poco más de una hora sobre los incidentes de septiembre y aportaba documentación y vídeos para demostrar su inocencia. Sobre el 20-S, aseguraba que “los Mossos no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo”, y que “esto obligó a ir adaptándolo en función de las circunstancias”.

Tras la comparecencia, los representantes de la Fiscalía aseguraban que los argumentos de Trapero «no habían resultado convincentes». La jueza instaba a Trapero a que en su próxima citación aporte las comunicaciones que mantuvieron los Mossos y la Guardia Civil en las fechas investigadas. Posteriormente, se decidía que debía ser trasladado a las partes el segundo atestado de la Guardia Civil y analizar la documentación presentada por el jefe de los Mossos antes de señalar su próxima comparecencia en la que se decidirá sobre el cada vez más oscuro futuro procesal de Trapero.

El Ministerio Público advertía que en el segundo informe de la Guardia Civil se recogen nuevos indicios delictivos contra otras personas, aún no imputadas, que en todo caso «no serían ninguna autoridad». Fuentes del caso descartan que «los nuevos investigados puedan ser agentes de los Mossos», sino posiblemente radicales independentistas que participaron en los ataques a la Policía y a la Guardia Civil, mientras estos intentaban evitar la celebración del referéndum el 1 de octubre.

El Ministerio Público también habría anunciado su intención de solicitar medidas cautelares para Trapero o los presidentes de la ANC y Omnium en su próxima citación, a la vista de los nuevos indicios incriminatorios contenidos en el citado nuevo atestado de la Guardia Civil.