El fiscal del accidente del caza F-5 no ha pedido ninguna prueba en seis años de investigación

El fiscal jurídico militar del ‘caso Ala 23’, el accidente del caza F-5 ocurrido en Talavera la Real (Badajoz) en 2012, no ha pedido ninguna prueba en los seis años que ha durado la investigación judicial del siniestro. Todas las pruebas han sido iniciadas por la magistrada del Juzgado Togado Militar Territorial número 12 y por la acusación particular. 

La jueza que instruye la causa, Patricia Moncada Lázaro, solicitó la desclasificación de todos los documentos que formaban parte de las actuaciones de seguridad de vuelo elaboradas tanto por el Ala 23 como por el Estado Mayor del Aire, cuestión a la que se opuso el fiscal.

Moncada Lázaro, que investiga los hechos, también pidió que se mandara una comisión rogatoria a Estados Unidos para poder interrogar al fabricante del motor averiado. En este caso, el fiscal, pese a que inicialmente remitió a la jueza una serie de preguntas a incluir en dicha comisión rogatoria, finalmente se adhirió al recurso de la Abogacía del Estado y se negó a que esa declaración se llevara a cabo.

En octubre de 2016, la jueza dictó otro auto para que se nombraran a los peritos encargados de verificar la información que había facilitado la acusación particular respecto a la vida útil de las ruedas de turbina. A la vista de los datos expuestos por la acusación particular, también mandó un escrito al ministro de Defensa, en aquel momento Pedro Morenés, advirtiendo de un posible riesgo para la seguridad de vuelo. El fiscal recurrió esta notificación. Es decir, se opuso a que la comunicación llegara a oídos del Gobierno.

Se opone continuamente

Al ser un tema muy técnico, de gran amplitud y extensión, la jueza declaró la instrucción de las actuaciones como compleja. En diciembre de 2018 la magistrada dictó otro auto volviendo a prorrogar los plazos de instrucción. El fiscal también se opuso.

Posteriormente, ante las contradicciones entre lo que obraba en las actuaciones y lo que recogía el informe elaborado por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), la jueza dictó un auto en el que citaba a declarar al jefe del equipo de investigación, después de que la acusación particular solicitara someter a contradicción el contenido de dicho informe técnico. El fiscal también se opuso.

Tras tomar declaración al jefe del equipo de investigación, la jueza dictó resolución citando como testigo al vocal ingeniero aeronáutico y a la vocal médico, que formaron parte del equipo de investigación del siniestro. El fiscal también se opuso y solicitó, sin éxito, revocar el auto de elevación a sumario. Se trata del paso previo a la celebración del juicio para depurar las responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en Talavera la Real.