La empresa que contó los votos del 1-O fue privatizada por Trias y recibió 500 millones de € a dedo

No es casual que el Govern de Carles Puigdemont recurriera a la firma T-Systems para gestionar el voto electrónico del referéndum ilegal de independencia del 1-O, tal como acredita la investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

La presencia de T-Systems en Cataluña tiene su origen en la privatización del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa) en 1998, durante la etapa de Jordi Pujol. El entonces conseller de Presidencia, Xavier Trias (quien ocultaba una cuenta en Suiza), vendió Cigesa por 18 millones de euros al grupo alemán Debis, que tenía como asesor al ex vicepresidente del Barça Carles Vilarrubí, hoy imputado en la trama de corrupción del 3%.

Durante una comparencia en el Parlament, en junio de 2015, Vilarrubí reconoció sus negocios con la familia Pujol: dijo que fue socio de Jordi Pujol Ferrusola en una empresa de aparcamientos y le pagó 20.000 euros para que le localizara unos terrenos, destinados a unas instalaciones hípicas, que nunca llegó a comprar.

Recibió 400 millones € en dos meses

La Generalitat privatizó Cigesa por 18 millones de euros y luego le adjudicó cerca de 500 millones de euros en contratos a dedo. La empresa fue adquirida en 2001 por el grupo alemán Deutsche Telekom y pasó a denominarse T-Systems. La Sindicatura de Cuentas advirtió que, en tan sólo dos años, entre 2002 y 2003, la Generalitat había adjudicado a T-Systems un contrato de 79,2 millones de euros para poner en marcha la Administración Abierta de Cataluña (AOC) de forma irregular.

También el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo advirtió de esta situación en su dictamen sobre «Transparencia y corrupción en Cataluña», dirigido al Parlament en 2015. «El caso de T-Systems es el más grave que contiene este informe», indica literalmente el documento. Villarejo destacó que los contratos de la Administración Abierta de Cataluña (AOC) a T-Systems se realizaron «eludiendo la tramitación del concurso y vulnerando claramente los principios de publicidad y concurrencia. Se perjudicó al al erario público de la Generalitat favoreciendo a T-Systems, que obtuvo así beneficios injustificados».

Más allá de esta cifra, la empresa que ha gestionado el voto del referéndum ilegal de independencia convocado por Puigdemont ha recibido una lluvia de millones de la Generalitat. En tan sólo dos meses, entre agosto y octubre de 2012, T-Systems recibió contratos que suman 397 millones de euros del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Un simulacro de concurso público

El presidente del CTTI y director general de Telecomunicaciones de la Generalitat era en aquel momento Carles Flamerich, que con anterioridad había sido directivo de T-Systems durante cerca de tres años. Bajo la presidencia de Flamerich, en un sólo día, el 10 de agosto de 2012, el CTTI adjudicó a T-Systems cuatro contratos que suman 192 millones de euros.

Y dos meses después, el 5 de octubre de 2012, Carles Flamerich dio a su antigua empresa otros dos contratos de la Generalitat que suman 205 millones de euros más. Como ha informado OKDIARIO, todos estos contratos se adjudicaron con mediante un simulacro de concurso público que vulneraba los principios de transparencia y libre concurrencia, según los informes de la Sindicatura de Cuentas.

En el marco de la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, la Guardia Civil ha aportado numerosas intervenciones telefónicas que acreditan que T-Systems gestionó el voto de los residentes extranjeros en el referéndum ilegal del 1-O. Las grabaciones dejan en evidencia que varios directivos de esta empresa, dopada por la Generalitat con cerca de 500 millones de euros públicos, eran conscientes de que estaban participando en un proyecto ilegal.