Las jefes del PP que usaron a Miguelín para amañar el Congreso cántabro se dedicaban a ‘tutelar’ discapacitados

Las tres dirigentes del PP de Cantabria que utilizaron a una persona con discapacidad mental para amañar el congreso regional del partido han tenido la máxima responsabilidad en los organismos encargados del diagnóstico, atención y tutela de las personas discapacitadas en la Comunidad.

Por tanto, ninguna de ellas puede alegar que desconocía la condición de discapacitado mental de Miguelín, el vecino de Laredo cuya cuenta bancaria utilizaron para pagar las cuotas de 511 militantes del PP, con el fin de que pudieran apoyar la candidatura de María José Sáenz de Buruaga.

El marido de la actual presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la secretaria general del partido, María José González Revuelta; y la presidenta del comité electoral, Isabel Urrutia, ingresaron en la cuenta de Miguelín parte de los 9.000 euros necesarios para realizar estas transferencias.

Durante la pasada legislatura, María José Sáenz de Buruaga fue vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Sanidad. En este último cargo, era la responsable del Instituto Cántabro de Salud, el organismo que diagnosticó a Miguelín como discapacitado mental.

Negaron la discapacidad de Miguelín

Por su parte, la actual secretaria regional del PP, María José González Revuelta, fue la gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, una entidad dependiente de la Consejería de Sanidad. Entre otras funciones, este organismo ejerce la tutela sobre más de 400 personas que han sido incapacitadas legalmente, por motivos como una discapacidad o enfermedad mental.

Por último, la diputada autonómica y presidenta del comité electoral del PP de Cantabria, Isabel Urrutia, fue en aquel mismo mandato directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), un organismo también dependiente de la Consejería que ocupaba María José Sáenz de Buruaga que entre otras funciones gestiona las ayudas a la dependencia.

Por todo ello, resulta aún más reprobable que las tres utilizaran a una persona con discapacidad mental para amañar el congreso regional del partido, con el fin de asegurar la elección de Sáenz de Buruaga como presidenta del PP de Cantabria.

Cuando OKDIARIO publicó las primeras informaciones sobre el escándalo del congreso regional, el PP de Cantabria emitió un comunicado en el que negaba que Miguelín tenga una discapacidad mental. Sin embargo, resulta muy dudoso que María José Sáenz de Buruaga, María José Revuelta e Isabel Urrutia desconocieran este dato, teniendo en cuenta los cargos públicos que ocuparon durante el pasado mandato.

Génova y el hermano de Sáenz de Buruaga

Como ha informado OKDIARIO, miembros de la candidatura de Sáenz de Buruaga abrieron una cuenta bancaria a nombre de Miguelín y la cancelaron una semana después para borrar rastros, tras utilizarla para pagar las cuotas de 511 militantes del partido.

Miguelín difícilmente podía aportar los casi 9.000 euros necesarios para realizar estos pagos, ya que vive de una pensión no contributiva que no alcanza los 800 euros al mes (435 euros por orfandad y otros 367 euros porque tiene reconocida una discapacidad del 95%) y de la caridad de los vecinos de Laredo.

Tras las noticias publicadas por OKDIARIO, el hermano de María José Sáenz de Buruaga, Javier Sáenz de Buruaga, implicó a la dirección nacional del PP en el escándalo por el pago de cuotas militantes para amañar el congreso regional. Lo hizo con un mensaje de Facebook (que luego borró) en el que afirmaba: «El pago de cuotas masivo está permitido y fue consultado a Génova por el comité organizador. Las dos candidaturas utilizaron el pago masivo de cuotas desde una o varias cuentas”.

La documentación aportada al Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha permitido acreditar ahora que el propio hermano de Sáenz de Buruaga hizo desde su casa de Suances una parte de las transferencias realizadas con la cuenta bancaria del discapacitado Miguelín. El resto de las transferencias se realizaron por internet desde las sedes del PP en Madrid y Santander, y desde el Parlamento de Cantabria, presumiblemente desde un ordenador del Grupo Popular. La fecha para el juicio sobre estos hechos ha sido fijada para el próximo mes de mayo.