Correa pactará con la Fiscalía para conseguir el régimen de semilibertad en dos años

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, pactará con la Fiscalía Anticorrupción para poder alcanzar el tercer grado penitenciario en dos años y tener acceso a un régimen de semilibertad.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TJCV) condenaba a Correa en febrero a 13 años en la denominada rama valenciana de Gürtel por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho en la contratación del expositor de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009.

Las fuentes del caso consultadas por OKDIARIO aseguran que la hoja de ruta pasa necesariamente por que el «Tribunal Supremo atienda el recurso de casación presentado por la defensa de Correa». Para que el cabecilla de Gürtel pacte con la Fiscalía y colabore con la justicia sería imprescindible que el Supremo rebajase la condena de 6 a 4 años impuesta por malversación en la pieza de Fitur. Se trata del delito más grave por el que se le ha condenado.

La regla establecida en el artículo 76 del Código Penal sobre acumulación de condenas indica que se «limita el tiempo de cumplimiento efectivo de condena al triple de la pena más grave». De pactar con el Ministerio Público, se le podría aplicar el citado artículo del Código Penal y se le condenaría al triple de la pena ya rebajada por el Supremo de 4 años por malversación, es decir, a un total de 12 años.

Correa ya ha permanecido 4 años en la cárcel, por lo que en 2 años cumpliría la mitad de su hipotética condena (6 de 12 años) y podría solicitar así el tercer grado penitenciario que se aplica a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, «estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad».

Dicho régimen se caracteriza por la ausencia de controles rígidos. Los presos tienen que permanecer como mínimo 8 horas de cada 24 en la cárcel. Durante el resto del día, pueden salir del centro penitenciario, ya sea para desarrollar actividades laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, encaminadas a su integración social.

Además, si el preso acepta voluntariamente el control de su presencia fuera del centro penitenciario mediante dispositivos telemáticos como la pulsera, no tendrá que cumplir ese mínimo de 8 horas en prisión.

Fuentes de la defensa de Correa afirman que a día de hoy «no hay ningún pacto firmado con Anticorrupción, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación presentado». Dicho recurso podría ser respondido a final de año sobre el mes de diciembre.

Si el Tribunal Supremo no rebaja la pena por malversación de 6 a 4 años, la negociación con la Fiscalía se truncaría, ya que no lo compensaría al cabecilla de la trama Gürtel. Otro punto clave para negociar es el económico y la cantidad de dinero que Correa obtuvo de forma ilícita.

El juicio de Gürtel en la recta final

La próxima fecha importante para Francisco Correa en el calendario es el próximo 11 de octubre, cuando finalizará el juicio de la primera etapa de la trama Gürtel (1999-2005). Entre los 37 acusados sentados en el banquillo, se encuentran el propio Francisco Correa, el exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo; el extesorero popular, Luis Bárcenas y otra decena de excargos del PP.

La Fiscalía Anticorrupción así como el resto de acusaciones anunciarán sus conclusiones definitivas el próximo 9 de octubre y se conocerán los años que finalmente se pedirán para los procesados. En su escrito de conclusiones provisionales, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás habían solicitado la mayor pena para Correa, un total de 125 años y un mes de prisión.

El juicio de la primer época de Gürtel comenzó el 4 de octubre y en él se han analizado las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con un entramado societario, empleando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, pago de comisiones y ocultar al fisco las ganancias que ascenderían supuestamente a más de 40 millones de euros.