La Audiencia ordena a la UDEF investigar un contrato de 268 millones entre Duro Felguera y Chávez

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado traslado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que investigue los contratos de Duro Felguera y Elecnor con el chavismo en busca de posibles comisiones irregulares. El dictador Hugo Chávez adelantó 300 millones de dólares (268 millones de euros) a la empresa española Duro Felguera durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Y lo hizo en un momento especialmente delicado para las cuentas de la firma asturiana.

En un documento, que desvela en exclusiva OKDIARIO, el mandatario venezolano escribió de su puño y letra el desvío por adelantado de estos fondos para «continuar con este importante proyecto de generación termoeléctrica que le dará la autonomía de generación eléctrica a la Gran Caracas», según rezaba el escrito. Se incluían otros 105 millones de dólares (94 millones de euros) para la eléctrica Elecnor. Ambas partidas formaban parte de un macrocontrato por el que la empresa asturiana recibió 2.000 millones de euros y la compañía vasca junto a Iberdrola recibieron 1.420 millones de euros para la construcción de una central de ciclo combinado en Venezuela.

En el documento, publicado en exclusiva por este periódico, Chávez afronta una deuda de 160 millones de dólares –143 millones de euros– pendiente con Duro Felguera por los trabajos realizados en 2009, pero adelantaba otros 405 millones de dólares –362 millones de euros– extra a las empresas españolas. Fuentes consultadas por este periódico explican que la «generosidad» del ex presidente bolivariano se debía a la estrecha relación que mantenía con los líderes socialistas que entonces gobernaban en España. Las mismas fuentes manifiestan que este documento forma parte del archivo que posee el ex jefe de la Contrainteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal.

Este macroproyecto se desarrolló entre los años 2008 a 2011 coincidiendo con la segunda legislatura de Zapatero. El acto celebrado por el contrato adjudicado a Elecnor tuvo lugar en el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y contó con la presencia de Chávez y del ex ministro socialista de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Fuentes solventes explican a este periódico que las gestiones de políticos españoles del entonces Gobierno socialista fueron claves para cerrar acuerdos empresariales con el chavismo. De hecho, el ex secretario general de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Juan Carlos Márquez, tal y como publicó este periódico, manifestó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que vio a «muchos otros políticos españoles» acudir al despacho del ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Después de esta declaración el investigado apareció ahorcado.

Chávez desvió 2.000 millones

Chávez adjudicó un contrato de 2.000 millones de euros a la empresa Duro Felguera, la misma que acaba de ser rescatada por la SEPI del Gobierno de Pedro Sánchez con 120 millones de euros. El documento oficial, además, cita un número identificador de esta contratación (157-08) y está fechada el 5 de noviembre de 2008. El punto de cuenta, que es como se denomina tal orden de contratación, figura en un escrito oficial que suma los membretes de Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

El objeto de la adjudicación es «la ejecución de la planta termoeléctrica El Sitio», ubicada en la población de Santa Lucía, «como parte del complejo generador termocentro de la región capital del país». Para ello, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), «atendiendo a la solicitud del comandante presidente, ha maximizado la contratación de empresas españolas especializadas en este tipo de desarrollos». De este documento se extrae que fue el propio Chávez quien ordenó la contratación con empresas como la de Duro Felguera, investigada en la Audiencia Nacional por presuntos pagos de comisiones y sobornos a políticos venezolanos.

El acuerdo lo rubrican Rafael Ramírez, entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Hugo Chávez, ex presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La firma del ex ministro aparece plasmada porque Corpoelec dependía en un 75% del Ministerio de Energía y en un 25% de PDVSA en ese momento Ramírez era el ministro y el presidente de la estatal, por tanto, ostentaba el control total de la Corporación Eléctrica Nacional.

Además, hay que destacar que Juan Carlos Márquez Cabrera era secretario general de entes corporativos de PDVSA y también secretario accidental de la junta directiva y asamblea de accionistas de Corporación Eléctrica Nacional SA (Corpoelec). Esto corrobora que Corpoelec formaba parte de PDVSA al igual que su filial Bariven, por ello –según explican fuentes consultadas– no se entiende por qué ambas empresas están investigadas por los mismos delitos en juzgados diferentes de la Audiencia Nacional (en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y en el Juzgado Central de Instrucción número 3, respectivamente).