La Eurocámara «no reconocerá los resultados» de la Constituyente «ilegal» de Maduro

El copresidente de la Asamblea parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), el eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui, el presidente de la delegación de la Eurocámara para las relaciones con Mercosur, Francisco Assis, y el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, el democristiano alemán David McAllister, han censurado las elecciones a la Asamblea Constituyente convocada por el Gobierno de Nicolas Maduro el 30 de julio y han avisado de que la Eurocámara «no reconocerá los resultados».

«La Asamblea Constituyente no respeta los principios democráticos y no traerán la paz o una solución a la crisis, sino que alentará más divisiones y confrontaciones», han avisado en una declaración conjunta, en la que han recordado que el jefe de la Conferencia Episcopal en Venezuela, el arzobispo, Diego Padron, considera que llevará a «un régimen dictatorial» y la mayoría opositora en la Asamblea Nacional lo ha calificado de «autogolpe».

Los tres eurodiputados insisten en que esta «inaceptable» iniciativa «arroja serias dudas sobre constitucionalidad y amenaza los principios esenciales de la democracia como un voto universal, libre, directo y secreto» y han reiterado que «el Parlamento Europeo no reconocerá los resultados de este procedimiento que lleve al establecimiento de una Asamblea Constituyente Nacional ilegal e ilegítima» con la intención de escribir una nueva Constitución.

En el texto, han expresado «gran preocupación» por la situación en Venezuela, donde el número de muertes «aumenta cada día y la población sufre de la falta de medicinas y alimentos» y han dejado claro que «las elecciones en la actualidad son la única manera pacífica y democrática de resolver la situación».

Por ello, han reclamado al Gobierno de Maduro que «restablezcan inmediata y plenamente» los derechos civiles y políticos del líder de la oposición Leopoldo López, cuya liberación de prisión han celebrado, así como la liberación de los «alrededor de 500» presos políticos en Venezuela.

Dado que «queda mucho por hacer para parar la escalada del conflicto», los eurodiputados defienden que «la Unión Europea, junto con organizaciones internacionales y regionales apoyen un proceso de mediación para alcanzar un acuerdo nacional, sin excluir otras medidas en caso de que repetidas y continuas violaciones de los Derechos Humanos».

La Eurocámara ha condenado «las violaciones al Estado de Derecho» y ha expresado «preocupaciones graves por los Derechos Humanos» en Venezuela en cuatro resoluciones que ha aprobado desde 2014, la última en abril de 2017, recuerdan los eurodiputados en la declaración conjunta, en la que consideran que la posibilidad de someter a juicio a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz tras expresar su «desacuerdo» con el Gobierno es uno de los ejemplos «inaceptables» que demuestran falta de respeto por el Estado de Derecho.

También han criticado el reciente asalto «descarado» al Parlamento venezolano por grupos armados progubernamentales que retuvieron durante horas a decenas de personas como rehenes y provocaron algunos heridos graves y han reclamado el restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición.

En el plano humanitario, los eurodiputados han reclamado a las autoridades que «garanticen el acceso a ayuda humanitaria, especialmente alimentos y medicinas» para la población y piden establecer un mecanismo para que la UE pueda prestar apoyo humanitario «lo antes posible».