La Constituyente ilegal del dictador Maduro disuelve el Parlamento legítimo de Venezuela

La Asamblea Constituyente ilegal que rige Venezuela con poderes absolutos tras la votación fraudulenta organizada hace escasas semanas por el dictador Nicolás Maduro, ha acordado este viernes por unanimidad asumir las competencias del Parlamento legítimo controlado por la oposición.

El órgano decidió «asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminecia de los derechos de los venezolanos», según el decreto.

El acuerdo, que incluye la potestad de dictar leyes, fue tomado en una sesión a la que se negó a asistir la junta directiva del Parlamento, que había sido citada el jueves por la presidenta de la Asamblea Constituyente, la ex canciller Delcy Rodríguez.

El decreto afirma que «todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente». «¡No vamos a permitir más desviaciones de poder! ¡Llegó la Constituyente a poner orden!», advirtió Rodríguez antes de la lectura del acuerdo.

La oposición no comparecerá

En una carta abierta, la junta directiva del Parlamento reiteró que desconoce «la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, sus mandatos y todos los actos emanados de la misma».

«No compareceremos ante la mentira Constituyente. No estamos obligados a hacerlo», anunció el bloque opositor.

A fines de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia, acusado por la oposición de servir al gobierno, había asumido funciones del Parlamento, lo que provocó amplio rechazo internacional, lo que lo hizo dar marcha atrás en menos de dos días.

Aunque revirtió entonces su decisión, desató una ola de protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.

Representantes de todos los poderes públicos, incluido Maduro, han acudido, desde el 4 de agosto que se instaló la Constituyente, a sus sesiones para subordinarse frente a un «suprapoder» que funcionará por al menos dos años, más allá del período del mandatario, que finaliza en enero de 2019.