Adiós al chollo de los okupas: el palo que ya es oficial en Portugal y que lo va a cambiar todo

• Rodrigo Villar @Rodrigo_Villar_
• Periodista en OKDIARIO. Redactor en la sección de Nacional. Contacta: rodrigo.villar@okdiario.com
• • 24/11/2025 17:45
  • Actualizado: 24/11/2025 17:51

El Gobierno de Portugal ha dado un paso de gigante en la defensa del derecho de propiedad. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado este lunes el decreto que endurece drásticamente las penas contra la lacra de la okupación ilegal de viviendas, apenas un mes después de su aprobación parlamentaria. Una decisión que marca un antes y un después en la lucha contra los delincuentes que campan a sus anchas asaltando propiedades ajenas.

La nueva legislación, publicada en la página web oficial de la Presidencia el pasado 17 de noviembre, establece penas de hasta dos años de cárcel o multas de 240 días para quienes invadan u okupen una vivienda que no les pertenezca. Pero lo más relevante es que las autoridades tendrán ahora poder real para actuar con contundencia y rapidez en la devolución de los inmuebles okupados a sus legítimos propietarios.

El texto legal, aprobado el 22 de octubre en el Parlamento luso con el respaldo del PSD, PS, Iniciativa Liberal, CDS y JPP, supone un jarro de agua fría para los okupas profesionales que han convertido el asalto a viviendas en su modo de vida. La ley contempla prisión de hasta dos años o multas de hasta 240 días para quienes invadan un inmueble ajeno con la intención de ejercer el derecho de propiedad, posesión, uso o servidumbre.

Si la ocupación ilegal se lleva a cabo mediante violencia o amenazas graves, la pena de prisión puede alcanzar los tres años. Y en los casos más extremos, cuando existe intención lucrativa la condena puede llegar hasta los cuatro años de cárcel, según informa Rádio Renascença.

Una novedad crucial: incluso la tentativa de ocupación ilegal pasa a ser punible por ley. Se acabó la impunidad para quienes intentan asaltar una propiedad aunque no consigan consumar el delito.

El auténtico cambio de paradigma llega con las nuevas facultades que se otorgan a las autoridades para actuar con celeridad. Hasta ahora, los propietarios se veían atrapados en un laberinto burocrático que podía prolongarse meses o incluso años mientras los delincuentes vivían cómodamente en sus casas.

La nueva legislación permite que, en caso de que existan indicios claros de ocupación ilegal y el denunciante demuestre ser el propietario del inmueble, el juez pueda proceder a la devolución inmediata de la vivienda. Anteriormente, esto solo era posible cuando existía riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Ahora, por fin, se da prioridad al legítimo propietario frente al delincuente.

La ley establece un tratamiento diferenciado para los casos en que el inmueble ocupado ilegalmente sea de titularidad pública y se utilice como vivienda. En estos supuestos, se prevé un análisis socioeconómico de las personas implicadas y la puesta en marcha de respuestas sociales antes de proceder al desalojo.

La norma ha contado con un respaldo parlamentario aplastante, lo que demuestra que la defensa del derecho de propiedad trasciende las fronteras ideológicas cuando se trata de proteger a los ciudadanos de bien. Solo Livre, PCP, Bloco de Esquerda y Chega votaron en contra, mientras que el PAN se abstuvo.