Yolanda Díaz plantea a Sánchez un órgano sobre «conflictos de interés» que podrá dirigir él y sus socios

Sumar, partido que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta para crear una Oficina de «prevención de la corrupción» que, en la práctica, quedará en manos del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.

Y esto es así porque, aunque se establece que la oficina estará dirigida por «una directora o director que ejercerá el cargo con plena independencia y objetividad en el desarrollo de las funciones», la clave de su posible politización estará en el sistema de elección.

Así, ese «director o directora» será designado por el Congreso «por mayoría de tres quintos», lo que obligaría, en principio, a un acuerdo con la oposición. A continuación se matiza que «si en el plazo de seis meses desde el día de la votación de la primera propuesta, tras sucesivas votaciones, no se alcanzase dicha mayoría, la designación se realizará por mayoría absoluta». En este caso, el Ejecutivo lograría imponer a su candidato contando con el apoyo de sus socios de investidura.

La ley prevista por Díaz determina que «la directora o director no podrá estar afiliado a ningún partido político, sindicato o asociación profesional o empresarial», aunque no condiciona su afinidad con los distintos partidos políticos.

«La dirección será elegida por el Congreso entre ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que disfruten del pleno uso de sus derechos civiles y políticos y que cumplan las condiciones de idoneidad, arraigo, probidad y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo. Deberán estar en posesión de título universitario de grado superior y contar con más de diez años de actividad laboral o profesional relacionada con el puesto a desempeñar», son los requisitos. La duración del cargo es de cinco años.

«Conflicto de interés»

Según la ley, la Oficina de «prevención de la corrupción» se crea «para la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas
del ejercicio de funciones incluidas en el ámbito de actuación de esta ley».

Precisamente, el posible «conflicto de interés» de Pedro Sánchez por las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, vienen centrando parte de la actualidad política de los últimos meses.

«En el ámbito de la corrupción, España ha sido un país tristemente conocido en las últimas décadas por el descubrimiento periódico de casos graves de corrupción política que implican una mácula indigna de una democracia moderna y consolidada como es la nuestra. Aunque la corrupción es una realidad de medida compleja, todos los indicadores vinculados a la percepción pública, a las investigaciones y condenas judiciales, o a las
investigaciones provenientes del periodismo y la sociedad civil, señalan que España muestra niveles de corrupción política sensible e inaceptablemente más elevados que otros países de nuestro entorno», señala también Sumar en la exposición de motivos de su iniciativa.

Todo ello, en plena polémica por el caso Koldo, en el que se investiga la intermediación del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos en los contratos de mascarillas por parte de distintos ministerios, además de los gobiernos socialistas de Francina Armengol en Baleares y Ángel Víctor Torres en Canarias.

La Oficina contra la Corrupción de Díaz tendrá competencias no sólo en el Gobierno y la Administración General del Estado -además de todos los entes del sector público institucional-, sino también en el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado, las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil y «cualquier entidad que esté financiada mayoritariamente por las administraciones públicas». Pero, además, se extenderá a las «personas físicas o jurídicas que sean perceptoras de ayudas o subvenciones públicas o beneficiarias de créditos, avales o cualquier otro tipo de ayuda, beneficio o prestación, a los efectos de comprobar el destino y el uso de las ayudas o las subvenciones, incluidos los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban este tipo de ayudas o subvenciones públicas».

También afectará a contratistas y subcontratistas de las administraciones públicas y, más ampliamente, a «personas físicas o jurídicas que hayan obtenido permisos, licencias o autorizaciones, del sector público estatal y de las instituciones, órganos y entidades previstos en los apartados anteriores, o que hayan tenido otro tipo de relaciones económicas, profesionales o financieras con los mismos».

La ley recoge sanciones de hasta un millón de euros, siendo el órgano competente para imponerlas la dirección de la proyectada Oficina de «prevención de la corrupción».