Vox se querella contra Begoña Gómez y su asistente por malversación, tráfico de influencias y prevaricación

Vox ha presentado ante el Juzgado de instrucción de Madrid una querella contra Begoña Gómez y la directora de programas de Moncloa y asistente personal de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez. Desde la formación de Santiago Abascal consideran que se pueden imputar delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

En su escrito al Juzgado, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, se centra en la utilización «abusiva, espuria y arbitraria» por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno y del Gabinete de Presidencia de Gobierno. Esta querella también incluye Francisco Martín, secretario general de Presidencia de Gobierno y superior directo de Cristina Álvarez.

Todo se inicia a raíz de unos correos electrónicos que demuestran que las funciones que desarrollaba Álvarez, desde su puesto en la Dirección de Programas de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno, en realidad estaban dirigidas al ámbito de la actividad profesional privada de la esposa del presidente del Ejecutivo.

Es decir, Álvarez incurriría en «una clara inobservancia de los deberes inherentes a la condición de funcionario público», al haber desempeñado sus labores profesionales como asistente personal de Begoña Gómez. Y ello sin ser remunerada, porque su sueldo procedía del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Si bien la querella señala que otras esposas de presidentes de Gobierno han tenido asistentes personales, remarca que «las funciones que desempeñaban quedaban circunscritas en la ayuda para el desarrollo de la actividad vinculada a la actividad de su esposo, pero en ningún caso, para el mejor desarrollo de la actividad profesional en los casos en las que la mantuvieron».

Es por ello que Begoña Gómez está incluida en la querella, pues se habría valido de una persona que ostenta una relación laboral o funcionarial con la Administración General del Estado, y cuyo puesto de trabajo es sufragado con recursos públicos, de manera que las funciones reales que desarrollaba eran las propias de los negocios privados de Gómez, y no las funciones para las que estaba designada Álvarez. En cuanto a Francisco Martín, el partido de Abascal señala que si Álvarez estaba realizando su actuación profesional en un ámbito ajeno a sus competencias, «es del todo imposible que esta lo hiciera sin el conocimiento y beneplácito de sus responsables directos».

Diligencias

Por ello, la formación ha solicitado al Juzgado de Instrucción que tome declaración, en calidad de investigados, a los tres querellados. Y ha pedido las testificales de Pilar Suárez, directora de Comunicación Institucional de Reale Seguros, con quien Álvarez cruzó correos electrónicos enviados desde su dirección profesional dependiente de la Administración General del Estado; Sylvia Moyano, adscrita al área comercial de la Dirección de Ferias de Público y Evento de Ifema, con quien Álvarez cruzó correos electrónicos también para un evento en 2021, interesado por la mujer del presidente.

Castro solicita también la declaración como testigo del director de Personas y Transformación de Reale Seguros, Renzo Liaj; el administrador de Sanza Correduría de Seguros, David Sanza; la trabajadora de Ifema Arantza Zeberio; el CEO de Indra, Marx Murtra; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; la directora general de Sostenibilidad de Endesa, María Malaxechevarría; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la coodinadora de la cátedra extraordinaria TSC de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Blanca María de Juan; y el vicerrector de relaciones institucionales de la UCM; Juan Carlos Doadrio, a quien solicita Vox que se le pida que aporte los whatsapp y correos que hubiera intercambiado con Álvarez.

Por otro lado, la formación solicita en su escrito que se libre oficio al Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes a los efectos de que certifique los cargos que ha ocupado Álvarez en el ámbito competencial de su Ministerio y, en concreto, en alguno de los departamentos que componen la estructura de Presidencia de Gobierno. Y que se especifique cuándo se inició su relación funcionarial y cuándo concluyó, así como la documental que acredite todo ello.

Pide también que se remita organigrama y especifique quiénes son orgánica y funcionalmente los superiores jerárquicos de Cristina Álvarez, y se indique cuál ha sido la correlación de ingresos percibidos por Álvarez desde el momento de su nombramiento hasta la actualidad. También piden que se aclaren las funciones inherentes al cargo de «Director de Programas de la Subsecretaria General de Presidencia de Gobierno». Y que se remita el expediente completo de su contratación o en su caso de su nombramiento.

Entre las diligencias, se solicita que se oficie a la Seguridad Social para que remita certificado sobre la vida laboral de Cristina Álvarez y a la AEAT para que remita las declaraciones de la renta de Álvarez correspondientes a los ejercicios 2018 hasta 2024. Por último, Castro pide que se libre oficio al Juzgado de Instrucción 41 de los Madrid  para que remita testimonio de la correlación de correos electrónicos invocados en el marco de la querella presentada.