Vox exigirá que la Junta no pague los más de 3 millones en abogados de los procesados por los ERE

Vox presentará el próximo jueves una moción para pedir que los gastos jurídicos derivados de la defensa de los procesados por el caso de los ERE no tengan que ser abonados por la Junta de Andalucía.

En el documento, al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO, se pide la modificación de la normativa para evitar que “autoridades y personal al servicio de administraciones públicas que hayan sido condenados por delitos relacionados con la corrupción o el mal gobierno” reciban de la Administración “a la que han dañado” el pago de su representación jurídica en los procedimientos judiciales que provengan de “sus actuaciones irregulares”.

De esta manera, Vox quiere evitar que el gasto de los abogados de los procesados por los ERE sean subvencionados con dinero público. Según la normativa vigente, debe ser el Gobierno andaluz el que pague la defensa de los ex altos cargos del PSOE.

A pesar de que se desconoce el gasto exacto que esto supone, se calcula que rondará entre los 2,5 y los 5 millones de euros, todo ello sacado de las arcas andaluzas.

Es este motivo el que ha llevado al partido de Santiago Abascal a dar un paso al frente e intentar evitar el desembolso.

Además, proponen la creación de un área específica que actúe dentro del organigrama del Gabinete Jurídico de la Junta, para dedicarse exclusivamente a luchar “contra el fraude y la corrupción en las administraciones públicas”. Para ello tendría presencia, según la moción, tanto en los Servicios Centrales como en los Servicios Jurídicos Provinciales.

Evitar que prescriban

Esta moción va en línea con la enmienda presentada por Vox la pasada semana que pretendía evitar que los delitos más graves de corrupción prescribieran.

«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a impulsar una reforma del Código Penal y las leyes que sean necesarias para que, en búsqueda de terminar con la impunidad, acabe con la prescripción de los delitos más graves de corrupción», era el texto que Vox quería incluir en la proposición presentada por Ciudadanos.

La propuesta de Vox encontró el rechazo de PP, Ciudadanos, PSOE y Adelante Andalucía, la marca electoral de Podemos en la región.