Las víctimas de violencia machista no tendrán que denunciar para recibir ayudas

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado hoy el documento único que permitirá a las víctimas de violencia de género acreditar esa condición ante los servicios sociales para acceder a las ayudas y prestaciones sociolaborales sin tener que presentar una denuncia.

Se trata de uno de los acuerdos alcanzados este miércoles en la Conferencia Sectorial de Igualdad, presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, que ha decidido además los criterios de reparto entre las comunidades de 100 millones de euros para la lucha contra la violencia de género, como establece el Pacto de Estado.

También se han repartido 9,5 millones de euros, de los que 6,5 millones se destinan a programas para la asistencia social integral; un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores y 2 millones para programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales, según ha informado el Ministerio de Presidencia.

Título habilitante

La Conferencia Sectorial ha dado el visto bueno al título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima sin la necesidad de interponer denuncia, con el diseño de un modelo común y consensuado que unifica esa acreditación administrativa en todo el territorio.

Con esta medida, que ya tenían reconocidas las empleadas públicas víctimas de violencia de género, se permite el acceso a esas ayudas sin supeditarlo a la judicialización del caso, dando validez a los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de acogida destinados a víctimas de violencia de género.

No obstante, la denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial.

Para el reparto de los 100 millones de euros para luchar contra la violencia de género, se han fijado criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años, con discapacidad, con trabajo temporal o en situación de desempleo.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la población rural y la densidad de población.