La víctima del marido de Oltra pide que se investigue por qué fue esposada al juicio de su abusador

La víctima de los abusos del marido de Mónica Oltra ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, que investiga el denominado caso Oltra, que ponga en marcha nuevas diligencias para conocer por qué se obligó a la menor abusada sexualmente por el que era el marido de Mónica Oltra a ir esposada y engrilletada al juicio de su abusador cuando ella era no era la acusada, sino testigo y víctima.

La petición de Teresa -así se llama la joven abusada cuando era menor por el marido, entonces, de Mónica Oltra- forma parte de una diligencia presentada por su defensa en la que se pide que presten declaración un total de 4 personas: el director y una educadora del Centro de Menores Colonia San Vicente de Burjasot, un inspector y una funcionaria de la Policía. Según sostiene el abogado de Teresa en el escrito a al juez: «Sus testimonios tienen especial relevancia para confirmar cómo se produjo la conducción y custodia y determinar de dónde o de quién partió la indicación de engrilletar a la víctima».

La investigación

El caso Oltra investiga si cargos y/o personal de la Consejería que Mónica Oltra dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de los abusos de la menor a los que la sometía el marido, entonces, de la que era vicepresidenta primera del Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig.

Mónica Oltra está imputada en este caso por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Y a ella, y a los otros 13 imputados, se han agregado 2 nuevos investigados: el actual número 2 de la Consejería de Hacienda Francesc Gamero y el ex jefe de Gabinete de Oltra Miquel Real.

Esposada, testigo y víctima

La defensa de Mayte sostiene que en el escrito «del que trae causa a este procedimiento ya se hizo referencia a una cuestión que todavía no ha sido objeto de la necesaria investigación. Se trata de la forma en que mi representada fue conducida y custodiada por funcionarios de la Policía Autonómica con ocasión del juicio celebrado el 7/11/2019 ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, al que comparecía como testigo y víctima».

Añade la defensa que la trascedencia de lo sucedido es «indudable», porque «partiendo de la hipótesis más que probable de que hubo un intento de ocultar primero y desacreditar después su denuncia, no se puede descartar que ese peculiar traslado fuera una pieza más en esa estrategia: amedrentando a la víctima y desconcertándola y poniéndola nerviosa momentos antes de declarar en juicio».

Engrilletada sin riesgo de fuga

La defensa de la menor, además, agrega un pasaje de la sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que sostiene: «Maite vino conducida por la Policía por encontrarse en un centro de corrección de menores, esperando a prestar testimonio en la habitación contigua a la sala de vistas en la que iba a celebrar el juicio, permaneciendo esposada y custodiada por 2 agentes de la Policía Nacional, encontrándose en dicha habitación igualmente personal de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito por lo que no existía riesgo alguno de que pudiera fugarse de la sede judicial».

Y agrega la sentencia, según el escrito de la defensa: «Al apercibirse de dicha circunstancia la presidenta del Tribunal, pidió a los agentes que retiraran las manillas a la menor, que se encontraba llorando, negándose aquellos a atender a dicha petición produciéndose una nueva victimización de la niña».

El relato de la magistrada

La defensa adjunta también el relato de la magistrada y presidenta del Tribunal de la Sección Segunda, en el que esta sostiene: «Ante mi sorpresa al encontrarla en dichas condiciones me dirigí a la funcionaria de Policía y le pedí que le quitara las esposas inmediatamente, le dije que era una presunta víctima menor de edad -además alterada y nerviosa- contestando ésta de forma terminante que cuando entrara en la Sala cumpliría mi orden bajo mi responsabilidad. Reiterada la orden y la negativa afirmó que era el protocolo y que hablara con su superior».

«Salí de la dependencia e intenté hablar a través del LAJ del Tribunal con el sub inspector del grupo, pero resultó imposible. Volví a entrar esta vez ya con la toga y le reiteré a la funcionaria a la orden, recordándole que estaba en sede judicial, manifestándole nuevamente que se trataba de una víctima necesitada de protección, como era el caso, a lo que se negó terminantemente, replicando que si no estaba conforme con el protocolo que lo cambiaran», continúa el relato.

«Al ser del todo imposible razonar con ella opté, como mal menor, a priorizar la celebración del juicio para que la situación de temor y angustia de la menor terminase de la forma más rápida posible. Sólo en el momento anterior a sentarse tras el parabán que impedía la confrontación visual con el acusado se le quitaron las esposas. En ningún momento durante estos incidentes la persona del centro que acompañaba a la menor se identificó y manifestó nada», concluye su relato.