La vicepresidenta Montero usa la Abogacía del Estado para pleitear contra el novio de Ayuso

La vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, se aprovecha de la Abogacía del Estado para defenderse de las acusaciones de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que le reclama 40.000 euros. La también ministra de Hacienda comentó en los pasillos del Senado el expediente fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y eso provocó una reacción directa. La defensa de González Amador va a demandarla para llevar a la dirigente del PSOE ante el Tribunal Supremo. En ese contexto, en lugar de contratar a un abogado particular, la ministra ha optado por defenderse con la Abogacía del Estado, que se sufraga con recursos públicos.

Fuentes próximas al caso consultadas por OKDIARIO indican que la Abogacía del Estado, una vez más, ha asumido la representación de un miembro del Ejecutivo. En este caso se alega que las declaraciones objeto de controversia con datos confidenciales de González Amador las hizo en el ejercicio de su cargo de ministra de Hacienda.

María Jesús Montero se suma así a Pedro Sánchez, que ha obligado a la Abogacía del Estado a presentar una querella contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su mujer. Aunque el jefe del Gobierno fue citado en calidad de familiar de Begoña Gómez y no de presidente del Ejecutivo, ha hecho valer los resortes del poder para poner a la Abogacía del Estado contra Peinado.

Se da la circunstancia de que normalmente es la Abogacía del Estado quien defiende a los jueces que reciben querellas por prevaricación en base a un convenio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia. «Que la Abogacía del Estado ataque a un juez es el mundo al revés, ver para creer. Parece la Abogacía del Gobierno y no la Abogacía del Estado», comentan fuentes jurídicas a OKDIARIO.

Este miércoles está previsto el acto de conciliación entre la representación legal de María Jesús Montero y la de González Amador. No obstante, este periódico ha podido confirmar que no habrá tal acuerdo prejudicial y la defensa del novio de Ayuso llevará a la ministra Montero ante el Supremo por vulneración del honor y ataque contra la intimidad y la imagen. Será la Sala Primera del Supremo, encargada de asuntos de la jurisdicción Civil, la que, tras consultar a la Fiscalía, admita a trámite o no la demanda contra la vicepresidenta socialista. Cabe recordar que recientemente la ex ministra de Igualdad Irene Montero fue condenada por esa instancia por vulneración del derecho al honor de Rafa Marcos, la ex pareja de la madre «protectora» María Sevilla. Tuvo que pagar 18.000 euros por asegurar que era un «maltratador» sin ninguna prueba o sentencia judicial.

Más querellas

Junto a las acciones judiciales contra María Jesús Montero, la defensa de González Amador ha valorado presentar varias querellas también contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria por la filtración de los datos. Estudia si estamos ante un delito de revelación de secretos.

El conflicto se originó cuando Montero mencionó públicamente que González había recibido comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. Lo dijo horas antes de que dicha información fuese publicada en los medios. Montero aseguró sin pruebas que Ayuso vivía en una casa pagada con fondos defraudados. Esto ha sido considerado por los abogados de González como una violación de la confidencialidad, ya que detalló datos que formaban parte de una investigación fiscal en curso.

La defensa de González Amador también apunta que la Fiscalía habría divulgado ilegalmente comunicaciones entre abogados y el acusado​. Denuncia «una nota aclaratoria» que salió de la Fiscalía General difundida a varios medios de comunicación supuestamente para contrarrestar un bulo que estaba circulando en un periódico. Es por ello que la defensa de González Amador y varias entidades más, como el Colegio de Abogados de Madrid y Manos Limpias, han llevado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo. El máximo responsable de la Fiscalía General del Estado, como Montero, tiene la condición de aforado y, por tanto, la causa contra él le corresponde dirimirla al Alto Tribunal. En los próximos días se decidirá si se imputa por primera vez en la historia de España a un fiscal general por un asunto de esta índole.

Del mismo modo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sido citada por un juzgado de Madrid a un acto de conciliación en noviembre con Alberto González Amador. Este último le reclama a la ministra una indemnización de 20.000 euros por una intromisión ilegítima en su derecho al honor y la intimidad. En concreto, el novio de Ayuso reprocha a Rodríguez sus declaraciones en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 19 de marzo en las que afirmaba que «la mayoría de españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda». 

Por su parte, la propia Ayuso se limitó a denunciar que su pareja es «un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado» con el objetivo de buscar su «destrucción personal».