El Vaticano garantiza a Moncloa que la sentencia sobre la exhumación de Franco se ejecutará sin problemas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha superado ya otro obstáculo más en su deseo de exhumar a Franco. El Vaticano ha trasladado ya a La Moncloa su compromiso pleno con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo español que habilita la salida de los restos del dictador y su envío al cementerio de El Pardo.

Hay que recordar que ese compromiso es clave, puesto que la Abadía del Valle solamente depende del Papa, no de ninguna otra estructura eclesiástica. La comunicación del Vaticano, además, garantiza una ejecución de la sentencia sin problemas. Es decir, que habrá una actitud colaborativa con el cumplimiento de lo dictado por la Justicia.

La respuesta de la cabeza de la Iglesia se produce después de toda una larga lista de presiones y contactos del Gobierno español con El Vaticano. Roma siempre ha contestado a esas presiones que su cumplimiento se atendría de forma exacta a los mandamientos jurídicos y al derecho. Cosa que, en estos momentos, se plasma a través de la sentencia del Tribunal Supremo.

Presiones al Vaticano

De hecho, La Moncloa trazó un plan para que el Vaticano favoreciese de forma activa la exhumación de los restos de Franco. El plan fue impulsado directamente por la vicepresidenta Carmen Calvo. Y tuvo su primer asalto en la visita al Vaticano de la vicepresidenta española que se saldó entonces con un airado desmentido de la sede papal.

El plan de los enviados de Pedro Sánchez consistía en exigir al Papa Francisco que aplicase el canon 332 del derecho canónico para asumir el control sobre la abadía benedictina del Valle de los Caídos. De esa manera, y según las pretensiones de Moncloa, la decisión sobre la exhumación de los restos del dictador dejaba de ser cosa de los monjes y pasaba a ser una decisión papal.

Ahora, el comunicado del Vaticano en base a la sentencia del Supremo implica de facto la asunción de la potestad sobre la exhumación a efectos de las órdenes internas, porque, efectivamente esa potestad puede ser abocada por el Papa, según recoge el canon 332.1 del Código de Derecho Canónico vigente.

El contexto legal de la pretensión de exhumación del dictador es lo que da respuesta a este plan de La Moncloa. La Basílica –iglesia abacial del Valle de los Caídos– es un lugar de culto, por lo que se le aplica el artículo 1.5 del Acuerdo España – Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979 que garantiza su inviolabilidad con arreglo a las Leyes.

La Abadía del Valle de los Caídos es un monasterio autónomo por ser una casa religiosa de monjes bajo el régimen y el cuidado del superior propio (can. 613.1 del Código de Derecho Canónico vigente). Lo que tiene como consecuencia que la Abadía esté bajo el régimen y cuidado de su superior propio, y no de otra autoridad eclesiástica superior (el obispo diocesano, según el Canon 615) que únicamente disfruta de una facultad de vigilancia para velar por el cumplimiento por el prior administrador de las normas canónicas y de las concordatarias. Por consiguiente, la única autoridad que tiene potestad canónica reconocida por el Acuerdo concordatario de 1979 y el Derecho español para autorizar la entrada de cualesquiera agentes del Estado, gubernativos o judiciales, en la Basílica del Valle de los Caídos es el superior mayor de la Abadía, hoy el prior administrador.

Todo ello, salvo, el poder del Papa.