La UE denuncia al Gobierno ante la Justicia europea por no reducir las cargas administrativas a las pymes

La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no aplicar las órdenes europeas relativas a los criterios para considerar a una empresa como pyme. En los casos de las de menor tamaño, esto implicaría una reducción de la «carga administrativa». Ahora, el Ejecutivo socialista podría enfrentarse a sanciones económicas si finalmente es condenado.

La institución presidida por Von der Leyen ha comunicado esta semana su decisión de llevar a los gobiernos de España y Malta ante la corte con sede en Luxemburgo porque por «no haber transpuesto la Directiva Delegada en lo que respecta al ajuste de los criterios de tamaño de las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande».

La Directiva, según la nota de prensa publicada este viernes por la Comisión, «tiene por objeto actualizar y adaptar al impacto de la inflación desde 2013 los criterios para determinar el tamaño de la empresa a efectos de la Directiva sobre contabilidad».

La norma europea permite que las empresas de menor tamaño sean reconocidas como tal para reducir sus obligaciones administrativas, que sí que tendrán que cumplir otras empresas más grandes.

«Reducir la carga administrativa»

«Esto garantiza que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no estén sujetas a disposiciones indebidas de la UE en materia de presentación de información financiera y de sostenibilidad aplicables a empresas más grandes, y es fundamental para seguir reduciendo la carga administrativa», expresa la institución de Von der Leyen.

La Directiva es una suerte de norma sobre un tema concreto aprobada en Bruselas que, luego, cada Gobierno está obligado a aplicar en su país, con un texto adaptado a ese Estado. La UE suele dar un margen amplio de casi dos años para ejecutar estos cambios normativos. En este caso, España contaba hasta el pasado 24 de diciembre de 2024.

Bruselas envió varias «cartas de emplazamiento a estos Estados miembros el 31 de enero de 2025», es decir, una suerte de avisos de que había pasado el plazo para aplicar las órdenes europeas. Más tarde, la Comisión dio un paso más y elevó unos «dictámenes motivados» el 17 de julio de 2025; esto es un escrito con argumentos jurídicos en el que se avisa a un país por haber cometido una «infracción» después de no cumplir con una obligación comunitaria. Ese fue el último paso antes de que el Ejecutivo europeo haya anunciado esta semana que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

«Esfuerzos insuficientes»

No obstante, el Ejecutivo socialista todavía no ha completado este proceso, como exige la Comisión Europea: «Hasta la fecha, la mayoría de los Estados miembros de la UE ha declarado la plena transposición de la Directiva. Sin embargo, ni España ni Malta han notificado aún sus medidas nacionales de transposición».

«La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades nacionales de estos Estados miembros han sido insuficientes, ya que aún no han notificado a la Comisión la plena transposición de la Directiva a su Derecho nacional», argumenta la Comisión. Por ello, ha decidido «llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE».

Desde Bruselas consideran que la aplicación de esta norma es «crucial» para el funcionamiento del libre comercio dentro de la Unión Europea. También para «garantizar» que las empresas estén sujetas «a obligaciones reglamentarias proporcionales a su tamaño real».

Prisas en el Gobierno de Sánchez

El Gobierno, después de estas amenazas, se ha puesto en marcha y el pasado mes de noviembre aprobó un «anteproyecto de ley para actualizar los umbrales de tamaño empresarial y permitir así reducir las cargas administrativas de las pequeñas y las medianas empresas».

«El cambio permitirá que estas empresas tengan que afrontar menos obligaciones o costes y esto facilitará que puedan destinar esos recursos a reforzar su competitividad», se vanagloriaba el Ejecutivo. Todo ello sin mencionar que van más de un año tarde y tras las amenazas de sanciones, y que la norma no es propia, sino que es un mandato europeo.

Cuando esta norma entre en vigor, se considerará pequeña empresa aquella que disponga de un balance total de hasta 7,5 millones de euros y un volumen de negocio neto de hasta 15 millones (frente a los 4 y 8 millones establecidos anteriormente para ambos apartados), según La Moncloa.

En todo caso, la Comisión no ha recibido aún la notificación de que esta norma se haya puesto en marcha conforme a las exigencias de Bruselas y, por eso, han activado los mecanismos para llevar al Gobierno de Sánchez ante la Justicia europea.